Hace apenas un mes, parecía que Nicolás Maduro estaba consolidando su régimen autocrático. La oposición se estaba enfilando hacia la irrelevancia, la presión internacional estaba decayendo y las devastadoras desgracias económicas del país se estaban atenuando, aunque solo un poco.
Por Anatoly Kurmanaev / Infobae
Y, de repente, una pandemia global clausuró lo que quedaba de la economía, el colapso de los precios mundiales del petróleo aniquiló el principal salvavidas económico que le quedaba a Venezuela y Estados Unidos inició una nueva y determinada iniciativa para derrocar a Maduro.
El líder venezolano, que desde hace tiempo se ha convertido en un hábil combatiente político y un sobreviviente, ahora enfrenta una de las crisis más complejas de un mandato de siete años que ha estado plagado de dificultades.
“El régimen está en modo de supervivencia”, afirmó Michael Penfold, un miembro radicado en Caracas del Centro Wilson, un grupo de investigación. “El país está entrando en un equilibrio muy frágil que cada vez va a ser más difícil de mantener”.
Están en riesgo las vidas y el sustento de millones de personas de la nación más pobre de América del Sur, quienes enfrentan su séptimo año consecutivo de desastre económico, una nueva racha de hiperinflación y la amenaza mortal del coronavirus.
En el pasado, Maduro se ha visto muchas veces entre la espada y la pared, pero ha logrado adaptarse a múltiples rondas de sanciones estadounidenses y se ha defendido de una serie de problemas internos, desde conjuras golpistas hasta un ataque con drones.
Sin embargo, la combinación actual de fuerzas mundiales ha lanzado a su gobierno hacia un territorio desconocido y muestra la superficialidad de sus recursos económicos y los límites de su apoyo internacional.
La más reciente ronda de problemas para Maduro empezó el 8 de marzo. Ese día, Arabia Saudita y Rusia eliminaron un acuerdo para contener su producción nacional, lo que desató una guerra de precios y hundió a la industria energética mundial en su mayor crisis en décadas.
En cuestión de días, la mayoría del petróleo crudo de Venezuela, la principal exportación del país, se volvió poco rentable para ser extraído, lo que causó un desplome en su producción.
La caída de los precios también ayudó a desentrañar un sistema complejo de operaciones que le ha permitido a Venezuela cambiar su petróleo crudo por combustible importado, eludiendo así las sanciones de Estados Unidos.
Sin los medios para importar o producir gasolina, Venezuela está casi paralizada. Los conductores hacen filas durante días en las estaciones de servicio, incluso en la normalmente privilegiada capital, Caracas, mientras soldados con cascos y armas automáticas protegen los pocos suministros que en su mayoría están reservados para funcionarios y trabajadores de emergencia.
“Nunca habíamos estado peor que ahora”, dijo Iván Herrera, un ganadero del estado Barinas, quien ya no puede trasladar su ganado al mercado. “Estamos paralizados”.
Algunos conductores enfurecidos se han enfrentado con los guardias de las estaciones de servicio y han bloqueado carreteras en algunos pueblos rurales. Los agricultores, al no tener combustible para cuidar sus campos, han dejado que los cultivos se pudran, mientras cerca de la mitad de los venezolanos no tiene suficiente para comer.
Casi de un día para otro, Venezuela pasó de tener los precios de la gasolina para el consumidor más baratos del mundo a tener uno de los más costosos: 15 dólares por galón (3,96 dólares por litro) en el floreciente mercado negro, más del doble del salario mínimo del país.
La escasez de combustible se ha exacerbado por la deteriorada relación entre Maduro y el que había sido su principal socio petrolero, Rosneft, la compañía petrolera estatal de Rusia.
La decisión inoportuna de Maduro en febrero de examinar los contratos del país con Rosneft generó tensiones justo cuando la compañía estaba resentida por una decisión de Estados Unidos de sancionar a dos de sus filiales por apoyar al presidente venezolano.
Como resultado, Rosneft dijo a fines del mes pasado que finalizará sus operaciones en Venezuela y venderá todos sus activos en el país a una compañía totalmente controlada por el gobierno ruso.
Rosneft había estado intercambiando petróleo venezolano a pequeñas refinerías en China por gasolina y dinero. Aunque, en teoría, otra compañía rusa puede hacer lo mismo, no lo podrá ejecutar de manera tan inmediata sin los sofisticados sistemas de negociación de Rosneft, lo que estrangula, por ahora, una fuente de gasolina y fondos para el gobierno de Maduro.
Maduro ha hecho esfuerzos para obtener gasolina de empresarios de confianza con información privilegiada, quienes en el pasado han ayudado a suministrarle a su gobierno productos esenciales durante las épocas difíciles.
Esa estrategia le brindaría, en el mejor escenario, un alivio temporal a las principales ciudades de Venezuela, pero haría muy poco por atender los problemas estructurales que causan la escasez, afirmó Asdrúbal Oliveros, director de la consultora económica Ecoanalítica, con sede en Caracas.
Oliveros dijo que esperaba que la economía venezolana se redujera un 25 por ciento este año, lo cual, si resulta ser cierto, sería devastador para una nación que ya ha experimentado la mayor caída (en tiempos de paz) del producto interno bruto de la historia moderna.
La crisis económica se sigue desarrollando mientras Venezuela enfrenta la epidemia del coronavirus, la cual según los expertos en salud podría aplastar el ya de por sí precario sistema sanitario del país. Maduro fue uno de los primeros líderes latinoamericanos en actuar contra el virus. El 15 de marzo, dos días después de que se confirmara la primera infección en el país, desplegó una cuarentena nacional.
La cuarentena, combinada con la escasez de gasolina y el aislamiento internacional de Venezuela, podría frenar la propagación de la infección a nivel nacional, al menos por ahora. Hasta el 13 de abril, las cifras oficiales mostraban que Venezuela tenía 181 casos y nueve fallecidos, un número significativamente menor que la mayoría de sus vecinos.
Sin embargo, el cierre de carreteras, tiendas y edificios gubernamentales ha empeorado los problemas económicos en un país donde la amplia mayoría de las personas tienen muy pocos —o simplemente no poseen— ahorros.
“Todo parece apuntar a una situación que no es sostenible”, afirmó Penfold. “Eso no necesariamente significa que estemos en camino hacia un cambio político en el futuro cercano”.