Las protestas de los trabajadores venezolanos arrecian ante la acuciante pérdida de capacidad adquisitiva y la falta de perspectivas de mejora de su situación. Ramón Cardozo lo analiza en su columna.
DW
Las multitudinarias manifestaciones de los trabajadores de la educación que se vienen produciendo a lo largo y ancho de Venezuela desde inicios de este 2023 tienen como explicación la pérdida masiva de la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de los trabajadores venezolanos, cuyos ingresos actuales no son suficientes ni siquiera para adquirir los productos básicos necesarios para subsistir.
Luego de más 400 protestas escenificadas a lo largo de estas dos últimas semanas en casi todos los estados del país, los trabajadores venezolanos no han recibido por parte del régimen de Nicolas Maduro una respuesta concreta y satisfactoria a sus justas reclamaciones.
Hasta la fecha, la estrategia de Maduro ha sido evadir la responsabilidad de su Gobierno frente al agudo deterioro del poder adquisitivo de los venezolanos y realizar difusas promesas respecto a una futura mejoría de los sueldos de los trabajadores, sin especificar ni cuándo, ni cuánto, ni de dónde saldrían los recursos para pagar esos eventuales aumentos: «Más temprano que tarde pasaremos de esta fase de parto y de resistencia, a una fase de mejoría sostenida de los ingresos de la clase obrera y trabajadora… De mil maneras lo haremos. ¿Pariendo recursos? Pariremos. ¿Produciendo? Produciremos”, declaró Maduro durante la clausura del IV Congreso de la clase obrera.
Amenazas y amedrentamiento a los educadores
La ausencia de respuestas por parte del Ejecutivo nacional a los justos reclamos de los trabajadores ha venido acompañada de las consabidas prácticas de amenaza y amedrentamiento a todos aquellos venezolanos que levantan la voz en reclamo de sus derechos.
Dentro de estas prácticas antidemocráticas resaltan la detención de los manifestantes por parte de los organismos de seguridad del Estado y el uso de la violencia a través de los colectivos armados chavistas.
El jueves 12 de enero, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron de manera arbitraria a nueve trabajadores de las empresas siderúrgicas del Orinoco y Bauxilum que participaban en una protesta salarial. Luego de ser presentadas a los tribunales, estas personas quedaron sometidas a un régimen de presentación y libertad restringida, teniendo prohibido volver a protestar o participar en manifestaciones públicas.
Por su parte, los colectivos armados chavistas, con la misma intención de amedrentar y disuadir a los manifestantes, han venido incrementando sus acciones en contra de las marchas de los trabajadores. El 14 de enero, un colectivo del estado Aragua amenazó a través de las redes sociales a todos aquellos trabajadores que salieran a reclamar mejoras salariales.
El 19 de enero, colectivos armados impidieron que los trabajadores se congregaran a protestar en un sector del oeste de Caracas. Esa misma fecha, en Apure, de acuerdo con un reportaje de la periodista Sebastiana Barráez, oficiales de la Guardia Nacional amenazaron a los educadores con utilizar a los colectivos si no se dispersaban.
Las causas reales de la pérdida del poder adquisitivo
En línea con su estrategia de evadir la responsabilidad de su gobierno, Nicolás Maduro ha reiterado una y otra vez que las sanciones internacionales son las únicas responsables de la profunda crisis económica y de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
Sin embargo, diferentes estudios e investigaciones han comprobado que, para agosto del 2017, fecha en la cual se le aplican al país las primeras sanciones no personales, «la economía venezolana tenía 14 trimestres consecutivos de contracción económica, se encontraba ad portas del inicio de la hiperinflación, había perdido acceso efectivo a todos los mercados financieros internacionales, su producción petrolera experimentaba una prolongada tendencia declinante de más de 2 años de duración”, tal y como se señala en el estudio «Impacto de las Sanciones Financieras Internacionales contra Venezuela: Nueva Evidencia” (enero 2021), elaborado por la consultora ANOVA Policy Research.
Por su parte, los estudios del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) encuentran que «Venezuela registró una caída muy significativa de la actividad económica a partir del cuarto trimestre de 2014. Desde entonces, se han encadenado veinticuatro trimestres consecutivos de contracción económica, que culminaron el primer trimestre de 2021, cuando se observó un crecimiento tenue. Ese impulso perdió fuerza a partir del segundo trimestre de 2022”.
Al respecto, el economista Ángel Alvarado, cofundador del OVF, explica: «La pérdida del poder adquisitivo del venezolano viene a ser una de las consecuencias del colapso del modelo económico del chavismo. Las sanciones del 2017 agudizaron la situación, pero, para ese momento, la economía venezolana ya había entrado en una profunda crisis a consecuencia de: a) La política de expropiaciones masivas, con sus efectos perniciosos sobre la producción nacional, incluyendo a la producción petrolera; b) La política de alto endeudamiento irresponsable y gasto público desenfrenado e ineficiente; c) La política intensiva de control de precios y control de cambio, y d) Los altos niveles de corrupción gubernamental”.
Los trabajadores venezolanos rechazan la política gubernamental de compensación salarial a través de pequeñas bonificaciones, pagadas a través del carné de la Patria, las cuales no forman parte del salario, son entregadas a discreción por el Ejecutivo Nacional y no alcanzan ni siquiera para un día de comida. «Bonos del hambre” y «No quiero bono, no quiero CLAP, yo lo que quiero es un sueldo digno ya”, son algunas de las consignas que se escuchan en las marchas.
La exigencia central de los trabajadores al régimen de Nicolás Maduro es que el Estado venezolano cumpla con el artículo 91 de la Constitución Nacional, el cual dispone que «El Estado garantizará a los trabajadores del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”.
Para diciembre de 2022, el precio de la canasta alimentaria para el grupo familiar, según CENDA, fue de 474,87 US$. Una familia de cinco personas necesitó 63,24 salarios mínimos para costear la canasta básica. El salario mínimo actual en Venezuela es de 130 bolívares, lo cual es equivalente a solo 6,5 US$ dólares al cambio actual del Banco Central.
Se estima, pues no hay información oficial al respecto, que en Venezuela existen alrededor de 4 millones de empleados públicos y unos 4 millones de pensionados, lo cual totaliza aproximadamente 8 millones de personas cuyo salario depende directamente del Estado venezolano.
Para hacer frente al gasto público, el régimen de Maduro depende casi de manera exclusiva de la industria petrolera, de la cual proviene alrededor del 95 por ciento de las divisas externas del país. En estos momentos, de los 3 millones de barriles diarios de petróleo que se necesitarían para cubrir las necesidades del país, la devastada industria petrolera venezolana apenas alcanzó, en diciembre de 2022, a producir una cuarta parte de esa cantidad (660 mil bpd ) y existen pocas expectativas de que esta menguada producción pueda mejorarse de manera significativa durante el 2023, incluso si se diera un mayor alivio de las sanciones. Por otra parte, Venezuela actualmente se encuentra excluida de los flujos crediticios internacionales.
El dilema para Maduro es político
En estos momentos, Maduro tiene muy pocas opciones de política económica para responder a las naturales y justas exigencias de los trabajadores del país. En Venezuela, la tasa de inflación mensual de diciembre pasado fue de 37.2 por ciento, la más alta de los últimos veinte meses,y la tasa anual de inflación
anualizada durante el 2022 alcanzó el 305,7 por ciento, siendo el país con la inflación más alta de América Latina para ese año.
Según el economista Alvarado, «si Maduro decreta un aumento significativo de los salarios de los trabajadores de la administración pública, le imprimirá una mayor aceleración a este proceso inflacionario. Ello acarrearía una nueva caída de los salarios reales y volveríamos al poco tiempo al punto de partida”.
Por ello, concluye Alvarado, el verdadero dilema de Maduro no es económico, sino político: «La única forma de que se pueda recuperar de manera sostenible en el tiempo el salario real de los venezolanos es con una transacción política que lleve a un cambio real del modelo económico del país”.
El dilema político de Maduro, entonces, se reduce a «transar políticamente un cambio de modelo y solucionar el problema del ingreso salarial de los venezolanos, o atrincherarse en su modelo político y sacrificar la solución salarial de los venezolanos”.
La falta de respuestas concretas del régimen, la utilización de los órganos de seguridad del Estado y de los colectivos chavistas para amedrentar y disuadir a los educadores, y el diferimiento indefinido de la mesa de diálogo en México, hacen presagiar que, lamentablemente, Maduro buscará atrincherarse en su modelo político y sacrificar una vez más la solución real a los problemas de los venezolanos. (ms)