El principio del Estado de Derecho es fundamental en cualquier sistema jurídico y político, ya que busca que el ejercicio del poder esté sujeto a la ley y que todos los ciudadanos sean iguales ante ella. En Venezuela, este principio se encuentra consagrado en la Constitución y cualquier acto que viole los derechos garantizados por ella y las leyes es nulo de pleno derecho.
Actualmente, en Venezuela se están buscando condiciones para recuperar el Estado de Derecho, especialmente a través de las elecciones de 2024. Sin embargo, se han firmado Acuerdos en Barbados que han sido criticados por su falta de garantías y ambigüedad. Entre estos acuerdos se encuentra uno relacionado con la promoción de derechos políticos y garantías electorales, donde se acordó liberar a los presos políticos y levantar las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a cambio de garantías electorales.
Sin embargo, este nuevo procedimiento planteado es considerado una trampa, ya que el gobierno busca obtener dinero a cambio de garantías electorales. Además, el procedimiento presenta puntos ciegos que perjudican a los inhabilitados, como la necesidad de acudir personalmente ante el Tribunal Supremo de Justicia en un plazo determinado y la obligación de abstenerse de realizar declaraciones ofensivas contra las instituciones del Estado. Además, las medidas impuestas a los inhabilitados son incongruentes y representan una amenaza para el ejercicio de la tutela judicial.
En realidad, existen mecanismos de defensa constitucionales y legales que permiten a los inhabilitados demostrar la inconstitucionalidad de las medidas impuestas por la Contraloría General de la República. Por lo tanto, las partes involucradas en los Acuerdos deberían comprometerse a garantizar los derechos de todos los ciudadanos y exigir a las instituciones correspondientes que protejan efectivamente estos derechos. Garantizar el Estado de Derecho es fundamental para evitar caer en trampas.