Hacer un recuento de la historia reciente venezolana no es fácil, mucho menos en los últimos 22 años. Si reducimos ese período desde el 14 de abril de 2013, fecha en que fue electo por primera vez como presidente de la república Nicolás Maduro Moros, hasta la fecha actual, contar la trama tampoco se nos hace concisa
Es mucho lo que ha sucedido en los nueve años de Maduro frente al poder: desde ganar las elecciones de 2013 con 7.587.579 votos a no ser reconocido a partir de 2018 por más de 50 países como legítimo mandatario venezolano, debido a todas las irregularidades que signaron los últimos comicios presidenciales.
Nicolás Maduro ha sobrevivido a un intento de magnicidio, varios golpes opositores y dos grandes períodos de protestas antigubernamentales (2014 y 2017), además de la pérdida de la Asamblea Nacional. Todo ello en medio de grandes periodos de escasez y colas por comida y combustible, una emergencia humanitaria compleja, una migración sin precedentes y un conflicto político que ha intentado resolverse a través de distintas negociaciones (Caracas, Dominicana, Noruega y México).
El equipo de TalCual recopiló algunos de esos eventos y se los presentamos a través de diversos artículos, fotos o vídeos. Porque recordar el pasado siempre es bueno para comprender el presente, un presente donde Nicolás Maduro sigue en Miraflores, con miras a reelegirse en 2024, con todo el apoyo que le ha traído manejar el poder durante nueve años .
Los narcosobrinos
El 5 de enero de 2016 siempre será recordado en esta redacción. Seguro también por una de las protagonistas de esta historia. Cilia Flores llegaba exultante al Palacio Federal Legislativo, tras asegurarse su curul como diputada por las listas del PSUV. Nuestro compañero Víctor Amaya aprovechó el momento cuando se retiraba toda la bancada y le preguntó sobre una cuestión vital en esos momentos.
«Diputada, ¿en algún momento va a declarar sobre los narcosobrinos?», fue la pregunta. Les dejamos la reacción:
Por si no lo recuerdan, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores fueron detenidos en noviembre de 2015 en Haití durante una operación encubierta de la DEA. Fueron enviados a Estados Unidos y acusados de intentar transportar 800 kilos de droga a ese país.
Tras dos años de juicio, ambos fueron condenados a 18 años de prisión (que pagan en una cárcel de Florida) y se les impuso una multa de 50.000 dólares. Las periodistas venezolanas Jessica Carrillo y Adriana Núñez Moros le dieron cobertura a todo el caso y crearon la página web Porque Soy Flores.
Emergencia humanitaria, llegó para quedarse
El 27 de enero de 2016, en uno de sus primeros acuerdos, la Asamblea Nacional de mayoría opositora declaró una crisis humanitaria de salud en el país. La medida se justificó «en vista de la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y deterioro de la infraestructura humanitaria», según el acuerdo aprobado.
El texto le exigía al gobierno de Nicolás Maduro «garantizar de manera inmediata el acceso a la lista de medicamentos esenciales que son básicos, indispensables e imprescindibles y deben ser accesibles en todo momento».
Si bien la escasez de medicamentos mejoró, no así la posibilidad de la población de pagarlos. La permisividad de la importación mejoró el abastecimiento, pero los precios se hicieron impagables en un país que, hasta hace poco, tenía como base salarial Bs. 9.
La Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), una iniciativa de la ONG Médicos por la Salud, registró que para los primeros meses de 2022, en promedio en todo el país, los hospitales pasan cuatro horas a la semana sin servicio eléctrico.
Las muertes prevenibles aumentaron, como el cáncer, así como las enfermedades que se transmiten por vectores (mosquitos). En el J.M de los Ríos esperan que algún día se retomen los trasplantes, mientras los niños siguen muriendo en medio de la diatriba de las sanciones. La opacidad se hizo regla y desde 2017 no se publica un boletin epidemiológico, una suerte de guía para los doctores.
Protesta en el JM de los Ríos
La migración también hizo mella en los hospitales. Según la Federación Médica Venezolana (FMV) al menos dos millones de médicos, enfermeras y personal de salud se ha ido del país, lo que impacta directamente en la atención. Pero este año, para Maduro, es el de la recuperación de los hospitales.
Migración, desaparecidos en alta mar y trata de personas
Según las últimas cifras, son más de seis millones —se lee SEIS— de venezolanos fuera de las fronteras en calidad de migrantes o refugiados. La mayoría se encuentra en América Latina, donde la comunidad más grande se concentra en Colombia.
Los venezolanos iniciaron el éxodo desde mucho antes, pero 2014 marcó un punto de inflexión tras el periodo de desabastecimiento y protestas contra el gobierno, entonces constitucional, de Nicolás Maduro. Se han ido por tierra, mar y aire.
Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, esta se ha convertido en la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo, por detrás de un país en guerra como Siria. En los primeros meses de 2022, los venezolanos se convirtieron en la primera nacionalidad que cruza la peligrosa selva del Darién.
Esta selva no es el único peligro. A partir de 2019 se evidenció que pobladores de las costas huyen por mar hacia islas vecinas. Al menos 139 se han perdido en naufragios según la organización Mayday Confavidt, creada por los familiares de estos desaparecidos.
TalCual desarrolló la investigación «Desaparecer en el mar: una búsqueda sin brújula», en alianza con la plataforma internacional Connectas, para visibilizar los casos de desaparecidos e incluso las posibilidades de que estas personas sean víctimas de grupos de trata de personas, bajo la inacción del Estado venezolano.
Desconocimiento de la AN 2015
De aquellos polvos, estos lodos, dice el saber popular. Y de la victoria de la Mesa de la Unidad Democrática en las elecciones legislativas de 2015, con mayoría incluida, el conflicto político ha devenido en varias negociaciones, el desconocimiento a Maduro y todas sus decisiones, además de la instalación de un gobierno interino, que pese a los peores pronósticos todavía perdura con Juan Guaidó a la cabeza.
Pero regresemos el disco un momento. La bancada opositora llegó y siempre tuvo un plomo en sus alas: el desconocimiento de tres de sus diputados (dos de Amazonas y el representante sur indígena) por denuncias de fraude. Todo ello conllevó a una serie de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que vulneraron las funciones de ese poder, establecidas en la Constitución.
En los cinco años legales de funcionamiento de esa Asamblea Nacional, el TSJ nunca atendió este tema. Tampoco se ha pronunciado a destiempo. En cambio, el máximo tribunal en 2017, basado en una sentencia, se abrogó funciones del Legislativo, lo que arreció las protestas de ese año y conllevó a la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz, en un atisbo de legalidad, a separarse del oficialismo.
La AN de 2015 sigue funcionando, basados en un principio de continuidad hasta que se logren elecciones libres, democráticas e independientes. No sesionan desde el Palacio Federal Legislativo, sino desde sus hogares y a través de Zoom (ventajas que dejó la pandemia de covid-19), a través de una Comisión Delegada y con dudoso quorum, como lo demuestra este trabajo de Crónica.Uno.
La inútil ANC (2017-2020)
Lo dijimos a un año de instalada y lo repetimos: La Asamblea Nacional Constituyente no cumplió su cometido de crear una nueva Constitución. Ni siquiera una reforma, como después cambió el discurso el exdiputado Diosdado Cabello.
La ANC no presentó ningún resultado concreto al país, pese a que el dos veces constituyente Hermann Escarrá decía estaban avanzados en un 80% del trabajo para crear una nueva carta magna. Lo que sí creó esa instancia, que tampoco reconoció la oposición y parte de la comunidad internacional, fue una lista para perseguir diputados electos en 2015 y varias «leyes constitucionales», entre ellas la Ley Contra el Odio, que ha servido para arrestar a cualquier voz disidente, o la llamada Ley Antibloqueo.
Protestas 2014 y 2017
Las manifestaciones antigubernamentales han tenido dos grandes momentos, con miles de heridos y decenas de muertos. La mayoría de los venezolanos lo tiene fresco en sus memorias o intentan olvidarlo.
Son muchas las fotos, los videos, cada quien tiene una historia de dolor, de ayuda, de padecimiento durante 2014 y 2017. Les dejamos este foro de TalCual con los familiares de tres de los protagonistas de esas protestas y situaciones que cambiaron al país.
Aumento de la gasolina y su pago en dólares (2020-presente)
El 1º de junio de 2020 se anunció un esquema de distribución y suministro de combustibles con el que puso fin a décadas de subsidio. El plan anunciado consistió en vender gasolina en 200 estaciones de servicio a un precio de 0,50 dólares por litro y en el resto a 5.000 bolívares, con un límite de suministro mensual de 120 litros por vehículo y 60 litros para las motos cuyos dueños estuviesen inscritos en el sistema patria.
La intención de Maduro con el aumento de la gasolina era supuestamente cubrir el costo de la importación del combustible desde Irán.
Sin embargo, al cumplirse un año de ese esquema el precio anunciado de 5.000 bolívares para la venta en 1.368 estaciones de servicio bajó 96% por la devaluación de la moneda nacional. En otras palabras, pasó de $0,025 a $0,001. Esto quiere decir que se regresó a la situación de antes del incremento. Prácticamente se está regalando otra vez la gasolina.
En marzo de 2022 se cambió nuevamente el plan para la gasolina subsidiada. El cobro es directamente a través del sistema Biopago (una formal más de control con el sistema patria) como medida para «eliminar el uso de efectivo en las estaciones».
Y Bachelet llegó a Venezuela…
En mayo de 2019 la expresidenta de Chile Michelle Bachelet visitó Venezuela, aunque como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Desde entonces ha sido amiga y villana, dependiendo del informe y el sector que lo escuche o lea.
Pidió la disolución de las FAES, no se ha cumplido; pidió la liberación de los presos políticos, tampoco se logró; dijo que si bien las sanciones no eran la causa de la crisis económica, sí la agravaban y por ello fue duramente criticada.
La Alta —como le dicen en la ONU para acortar el cargo— ha denunciado situaciones como la muerte de Fernando Albán, de Rafael Acosta Arévalo y el general Raúl Baduel, la desaparición en altamar de migrantes venezolanos y los continuos daños al ecosistema a través del Arco Minero. También ha dado el visto bueno a reformas como la judicial, aunque se mantiene cauta de los resultados.
Uno de sus logros fue firmar un memorando de cooperación con la administración de Nicolás Maduro, cuando eso no estaba bien visto por los oficialistas, pero que se ha limitado al poco acceso que le han dado desde el poder para visitar cárceles y conocer la situación de presos políticos.
De dolarización, hiperinflación y bodegones
Si en 2013 alguien le hubiese dicho a Maduro que el país estaría prácticamente dolarizado para 2022, habría puesto el grito en el cielo. Pero lo que era una aberración para el chavismo pasó a ser fuente de alivio y quebraderos de cabeza para el mandatario, en un momento donde busca cobrar más dinero a través del cambio al Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) que, a la hora de la chiquita, es un impuesto a las transacciones en dólares.
Pero sí, a partir del apagón de 2019 se vio un cambio en la Venezuela de la carestía: empezaron a verse los primeros bodegones y el dólar comenzó a circular discretamente en un país hiperinflacionario. La pandemia vino a acelerar un proceso de transformación donde, quien tenía unos verdes en sus manos, tenía mayor poder adquisitivo que contar con simples bolívares.
En la Venezuela del común —y del lujo— se calcula en dólares, ya sea cualquier bien o servicio, pues la economía da muchas vueltas y estruja el bolsillo. A principios de marzo se decretó el fin de la hiperinflación que consumió al país durante casi cinco años, aunque los economistas se arrepienten, justamente por el golpe que significó el IGTF. Mientras el BCV sigue ahí, dando la pelea de las cifras.
Y se nos fue la luz: el megapagón (2019)
El 7 de marzo de 2019 a las 4:55 pm el país se quedó a oscuras. No es una eufemismo sino uno de los mayores apagones de la historia reciente, que extendió de forma intermitente durante dos semanas por un supuesto «ataque» a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, mejor conocida como Guri.
¿Qué pasó de verdad? Un incendio de vegetación que afectó las líneas de transmisión de la subestación San Gerónimo B, que alimenta a las principales ciudades del país, y está conectada directamente a la represa de Guri. Según la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela, la pérdida momentánea de energía en la represa de Guri hizo que las turbinas aumentaran su velocidad, creando una sobrecarga en los sistemas eléctricos.
Para los ciudadanos fueron días de escasez, incertidumbre y en los peores casos muerte. Las fallas de energía afectaron todos los centros de salud del país, lo que ocasionó muertes prevenibles. Las personas se enfrentaron nuevamente al desabastecimiento y debido a la escasez de bolívares y la imposibilidad de transacciones virtuales o uso de tarjetas, el dólar ganó terreno.
Presos politicos
Presos políticos existen antes de Maduro, pero esta política se afianzó a partir de las protestas de 2014. Según el Foro Penal Venezolano se han registrado 15.758 detenciones políticas desde ese año, y más de nueve mil personas tienen medidas restrictivas de su libertad.
Hasta el lunes 11 de abril de 2022 en el país había 240 personas privadas de libertad por razones políticas: 226 son hombres y 14 mujeres. 110 de ellos son civiles y 130 pertenecen al estamento militar. Además hay un adolescente preso político, próximo a cumplir la mayoría de edad.
Presos políticos siguen siendo los olvidados
En esa lista de presos políticos están varios funcionarios de la Policía Metropolitana, que ya por ley les tocaría un beneficio procesal, el diputado Juan Requesens, el activista Javier Tarazona, el teniente coronel Igbert Marín y otros nombres no tan conocidos como el de Emirlendris Benítez o María Auxiliadora Delgado.
Mientras algunos se escapaban de prisión en medio de intentonas fallidas, diez presos políticos han salido de la lista debido a que murieron o fueron asesinados bajo custodia del Estado:
Rodolfo González, conocido como «El Aviador»; el exconcejal de Guasdualito Carlos García; el teniente Rafael Arreaza Soto, asesinado en Ramo Verde; el exconcejal Fernando Albán, cuyos familiares aclaran que fue asesinado por el Sebin; el expresidente de Pdvsa Nelson Martínez, fallecido por motivos de salud; el capitán Rafael Acosta Arévalo, asesinado por torturas de la Dgcim; el ganadero Pedro Santana; el pemón Salvador Franco, muerto por tuberculosis en una cárcel común; el joven Gabriel Medina Díaz; y el «compadre de Chávez», el general Raúl Isaías Baduel.
Arco Minero: los sindicatos, la guerrilla, muerte y contaminación
Minería ilegal, sangre, ecocidio, esclavitud y violencia armada. Estas palabras definen en buena medida al Arco Minero del Orinoco (AMO), un proyecto creado por Maduro en febrero de 2016 y que se extiende por 111.843,70 km², es decir 12,2 % del territorio venezolano; duplicando a la faja petrolífera del Orinoco.
Dentro del AMO conviven grupos irregulares armados conocidos como «sindicatos», miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las extintas FARC (ambos de Colombia), a quienes se les ha asociado con la Fuerza Armada y políticos, tanto locales, regionales y nacionales, para controlar las minas ilegales de oro.
En el camino, siembran el terror entre los habitantes de la zona, principalmente entre los indígenas y los mineros, y contaminan zonas protegidas. En 2020, la Alta Comisionada Michelle Bachelet denunció que los trabajadores en el Arco Minero están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016.
El Centro Pulitzer, en colaboración con Earthrise Media, lanzaron el pasado jueves 7 de abril Amazon Mining Watch, una plataforma basada en un algoritmo que analiza imágenes de satélite, para detectar minas de oro y otras actividades mineras a cielo abierto en el mayor bosque tropical del mundo
Guerra en Apure (2021)
El conflicto en el Alto Apure, iniciado con los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional (FAN) y la guerrilla colombiana, se mantiene abierto tras un año de ataques, una masacre sin esclarecer y la presencia de minas antipersonales, que se creían erradicadas de territorio venezolano.
Al menos seis mil personas, entre ellos indígenas, se desplazaron por el conflicto, al menos 33 personas fueron detenidas al ser vinculadas con grupos paramilitares o terroristas y más de 100 minas antipersonas fueron encontradas y desactivadas.
Pero ni el Ministerio de Defensa o la Fuerza Armada ha dado un parte oficial sobre la cantidad de víctimas y bajas que ha dejado esta guerra. Eso sí, los militares hicieron una gran campaña comunicacional para frenar lo que ellos llaman las fake news del conflicto, mientras Maduro llama a una «guerra de todo el mundo contra la guerrilla».
Maduro, la recompensa de EEUU por su entrega
Las fotos hablan por sí solas, y esta es de marzo de 2020. Debemos recordar que Maduro no es el único buscado por Estados Unidos, pues también se ofrecieron 10 millones por cuatro coconspiradores: Diosdado Cabello Rondón, expresidente de la constituyente; el general (retirado) y en vías de extradición Hugo Carvajal Barrios, exdirector de inteligencia militar; Clíver Alcalá Cordones, mayor general (retirado) del Ejército, ahora en el «imperio»; y Tareck El Aissami, ministro de Industria y Producción Nacional.
El fantasma de la CPI
En 2018 seis países entregaron un documento a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para solicitar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad bajo el régimen (ahora sí, régimen) de Nicolás Maduro. Tras la solicitud se abrió un examen preliminar, bajo la protesta oficialista y la incredulidad y renuencia de algunos sectores y ONG, especialmente con la exfiscal Fatou Bensouda.
Un año después, a la administración venezolana se le ocurrió la idea de arremeter en esa instancia pidiendo su propia investigación: la de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos contra los venezolanos a través de las sanciones.
Y en 2021 llegó lo inevitable. La gambiana Bensouda terminó su mandato, no sin antes advertir que había llegado a la conclusión que sí, en Venezuela había serios indicios de crímenes de lesa humanidad por torturas, persecución, arresto y muerte de opositores.
Con el británico Karim Khan la perspectiva no cambió mucho. En noviembre y tras una visita sorpresiva al país, el nuevo fiscal de la CPI anunció el inicio de la investigación, la primera en América Latina, aunque todavía no hay señalados.
¿Maduro cambia o se acicala?
El fiscal trajo más sorpresas, pues en otra visita inesperada a finales de marzo de 2022, anunció un acuerdo con la administración Maduro para abrir una oficina en el país, basado en un memorando de cooperación, con el objetivo de mejorar el sistema judicial. Veremos los avances.