El Foro Cívico de Venezuela expresó su rechazo a la «criminalización y judicialización» de los organizadores de las primarias opositoras celebradas recientemente. Estos organizadores fueron citados ante la Fiscalía para responder a las acusaciones de fraude en el proceso electoral. En un comunicado difundido el domingo, esta ONG, que cuenta con la participación de unas 690 organizaciones y 194 actores de la sociedad civil, manifestó su preocupación por el aumento en la retórica política de las autoridades nacionales después de la alta participación ciudadana en las elecciones primarias impulsadas por la Plataforma Unitaria y los actores sociales.
El Foro Cívico rechazó rotundamente la persecución, criminalización y judicialización de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Además, cuestionó los argumentos presentados por la Fiscalía para investigar los comicios opositores y señaló que el fiscal general, Tarek William Saab, no presentó ninguna evidencia que respaldara sus afirmaciones contra el proceso.
Esta organización advirtió que estas acciones podrían provocar protestas ciudadanas que podrían perturbar el proceso de diálogo y los acuerdos entre el Gobierno y la oposición, firmados en Barbados el mes pasado.
Finalmente, el Foro Cívico hizo un llamado a los actores nacionales e internacionales para que exijan de manera enérgica el respeto al acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y las garantías electorales para todos, que fue firmado durante las negociaciones.
El lunes, los ciudadanos Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Abdul-Hadi, quienes fueron presidente, vicepresidenta y miembro suplente de la Comisión Nacional de Primaria respectivamente, deberán comparecer ante investigadores especializados en legitimación de capitales. Estos ciudadanos organizaron las primarias sin la ayuda del Consejo Nacional Electoral (CNE). La citación fue anunciada después de que el miércoles la Fiscalía iniciara una investigación contra la Comisión Nacional de Primaria (CNP) en respuesta a las denuncias presentadas por el Parlamento, controlado por el chavismo, y varios dirigentes oficialistas, quienes afirmaron que el número de participantes, cerca de 2,5 millones de personas, había sido inflado.