La escasez de gasolina en Venezuela es seguida cada vez más de cerca por agencias que prestan auxilio humanitario en el país. La generalización de las fallas en el surtido del combustible fueron expuestas, como un riesgo para la población, en la reciente actualización del Plan Intersectorial de Preparación y Respuesta al COVID-19 en Venezuela. El reporte fue elaborado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para actualizar la evolución de sus planes de ayuda.
El programa articula los esfuerzos de las misiones de la ONU frente a la contingencia por la pandemia del coronavirus. En el apartado Análisis de riesgos, se enumeran las dificultades que conlleva para los más vulnerables la falta de combustible. Además, se enfatiza que es un obstáculo adicional a las restricciones para mitigar la transmisión del virus.
“Parte de la población enfrenta dificultades para acceder a los servicios de atención de la salud debido a varios factores, como la escasa cobertura del transporte, la falta de combustible y la falta de recursos económicos. Estas circunstancias afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables y aisladas. Incluidos los ancianos, los niños en situación de riesgo, las personas con discapacidad y las comunidades indígenas”, detalla el informe.
La contención del SARS-COV-2 en territorio venezolano abarca desde reducción de la movilidad hasta toque de queda en zonas de gran propagación. Las medidas se decretaron el pasado 15 de marzo. Sin embargo, las irregularidades en la distribución de gasolina acumulan más de tres años en algunas regiones. La deficiencia se generalizó a la par pandemia.
Más obstáculos
La ONU señaló que el problema impide la labor humanitaria. Esta limitación aumenta los obstáculos que comprometen la capacidad de respuesta, pese a la llegada de insumos. Es decir, pese a que el gobierno de Nicolás Maduro agradeció la llegada de suministros, estos no se han podido entregar de forma oportuna. Desde 2018 el organismo aumentó su despliegue en el país para atender a poblaciones con necesidades alimentarias y de salud.
“Entre las limitaciones de la respuesta humanitaria figuran la falta de financiación, la limitada capacidad operacional, la ausencia de un mecanismo de registro para las organizaciones no gubernamentales internacionales y la ausencia del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Otros problemas para el acceso humanitario son las dificultades de acceso al combustible. La movilidad en el contexto de la ‘cuarentena social’ y, en algunas zonas, por razones de seguridad (como en las zonas fronterizas o mineras)”, precisaron.
Ante esto, el organismo insistió en la necesidad de flexibilizar las sanciones que pesan sobre la industria petrolera venezolana. Así, según lo expuesto, mejoraría el acceso a importaciones. Se refirieron a exhortos similares de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Michelle Bachellet suscribió tres informes acerca de la situación venezolana. En todos pidió mejorar las condiciones en las que los organismos de asistencia hacen su trabajo.
“En el contexto venezolano es particularmente importante aumentar las posibilidades de importar combustible y/o diluyentes para su producción, a fin de aliviar la escasez de gasolina como un obstáculo importante para el acceso humanitario. La Alta Comisionada también señaló que los países objeto de sanciones debían adoptar medidas que ofrecieran a las organizaciones nacionales e internacionales las garantías necesarias para llevar a cabo sus actividades humanitarias sin injerencias”, reiteraron.
Por la trocha
El retorno de emigrantes venezolanos desde naciones de la comunidad andina fue otro de los puntos que abordó el informe. El organismo urgió implementar medidas sanitarias adecuadas y un alojamiento temporal seguro a las miles de personas, incluidos niños, que abandonaron los países de acogida por el deterioro de las condiciones, resultado de la crisis global por el COVID-19.
“El regreso de venezolanos de Colombia, Ecuador, Perú y otros países desde mediados de marzo requiere una consideración especial para asegurar la implementación adecuada de medidas sanitarias, incluyendo la vigilancia epidemiológica del COVID-19 durante al menos 15 días y, cuando sea necesario, el suministro de un alojamiento temporal seguro y adecuado”, solicitaron.
La institución reveló que el Estado venezolano pidió una ayuda adicional para atender a los venezolanos en la frontera. La petición de asistencia abarca a las cárceles, de acuerdo con una solicitud enviada por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Con esto la ONU aumentaría su presencia en el país y se convertiría en el organismo con mayor participación en el abordaje de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela.
“Los gobiernos nacional y estatal han solicitado asistencia para atender las necesidades de esta población y han designado instalaciones como centros de alojamiento temporal. El 7 de abril, el Ministerio del Poder Popular para Asuntos Exteriores presentó una solicitud oficial de asistencia al Coordinador Residente y Coordinador de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas para apoyar la respuesta”, señalaron.