La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos está profundamente preocupada por las denuncias de violaciones a los derechos humanos registradas en el estado Apure a raíz del conflicto armado; y pidió protección para los periodistas y defensores.
Así lo expresó al portal Monitoreamos.com Marta Hurtado, portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para los DDHH.
“Desde la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos estamos profundamente preocupados por las denuncias sobre la situación de los derechos humanos desde el 21 de marzo de 2021 en el contexto de la escalada de enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y grupos armados no estatales en el estado Apure. Seguimos de cerca lo que ocurre y documentando la situación de derechos humanos”, dijo.
En concreto, la Oficina de Bachelet está preocupada “por el grave impacto de los enfrentamientos, que ha provocado que miles de residentes locales huyan de la zona a través de la frontera; por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y por la detención de periodistas y defensores de los derechos humanos arrestados”.
“Subrayamos que los medios de comunicación y sus empleados, así como los defensores de los derechos humanos deben ser protegidos”, resaltó la vocera de la ONU en declaraciones a Monitoreamos.com.
En este sentido, Hurtado dijo que acogen con satisfacción la liberación de los periodistas de NTN24, Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, y los activistas de la ONG Fundaredes, Juan Carlos Salazar y Diógenes Tirado.
Además, dijo que la Oficina de la ONU también acoge con satisfacción la designación de una comisión de investigación por parte de la Fiscalía General, y alienta a que se lleven a cabo investigaciones rápidas, transparentes y exhaustivas.
Petición a organismos internacionales
En un comunicado difundido el pasado 29 de marzo, 25 organizaciones civiles con incidencia en la defensa de los derechos humanos, se pronuncian sobre los bombardeos realizados desde el pasado domingo 21 de marzo, por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), a campamentos localizados en esa zona fronteriza con Colombia.
Pidieron a las autoridades y a la comunidad internacional tomar medidas para restituir los derechos civiles vulnerados.
También se manifestaron sobre el asesinato de cinco miembros de una familia por presuntos funcionarios de las Faes en el Ripial, municipio Páez, los cuales habrían sido sacados junto a otras personas de sus hogares en el barrio 5 de julio, alegando que eran “guerrilleros”.
“Denunciamos las violaciones ocurridas ante la comunidad internacional, el sistema Interamericano, Cruz Roja Internacional, la alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, y en el orden interno a la Defensoría del Pueblo, La Fiscalía de Protección a la Mujer a una vida libre de violencia, la Fiscalía de Protección del Niño Niña y Adolescente a tomar las medidas de restitución de estos derechos civiles vulnerados en esa parroquia y sus comunidades afectadas en la región Llanera”, sostienen.
En el escrito, reconocen que es una “tragedia” y que estos hechos han afectado a productores, a niños, ancianos, mujeres y familias en general que han sido desplazadas forzadamente huyendo a través del río Arauca hasta el vecino país, por lo que apelan a la Declaración Universal de los derechos humanos, suscrita por Venezuela, para que se garanticen sus derechos.