Una coalición de organizaciones internacionales de derechos humanos expresó su profunda preocupación por una propuesta de ley presentada por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta ley permitiría la regulación de las actividades y la financiación de las ONG en el país.
En un comunicado, la coalición afirmó que esta ley restringiría la libertad de asociación al exigir la aprobación de las autoridades chavistas para las ONG y requerirles revelar quiénes son sus financiadores. Además, el lenguaje ambiguo en el proyecto de ley genera temores de una mayor persecución de los defensores de derechos humanos, quienes podrían enfrentar multas, cancelaciones de registros y cargos penales.
Las organizaciones internacionales, como Robert F. Kennedy Human Rights, Human Rights Watch y la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina, entre otras, afirmaron que el énfasis en el financiamiento extranjero y la designación de las ONG como «agentes extranjeros» agrava las preocupantes características de esta ley.
Además, alertaron que la existencia misma de este tipo de propuestas legislativas representa una amenaza y tiene un efecto intimidatorio sobre la sociedad civil. Consideran que esto constituye una forma de control y va en contra de la obligación estatal de asegurar un entorno propicio para la defensa de los derechos y los valores democráticos.
La coalición hizo un llamado al régimen socialista para que cese cualquier forma de hostigamiento contra las ONG y cumpla con sus obligaciones internacionales para garantizar un entorno seguro para los defensores de derechos humanos. También instaron a la comunidad internacional a condenar esta ley propuesta y los esfuerzos continuos del gobierno venezolano para hostigar a las organizaciones de la sociedad civil en el país. Asimismo, pidieron a los países que se solidaricen con las personas que enfrentan una constante criminalización y persecución.
Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, afirmó que esta ley para supervisar las actividades y el financiamiento de las ONG será muy severa. Alegó que la mayoría de las organizaciones están conspirando contra el Estado y que con la promulgación de esta ley, tendrán que registrarse y rendir cuentas de sus fuentes de financiamiento. Cabello se centró específicamente en la ONG de derechos humanos Provea para someterla a un escrutinio financiero, acusándola de conspirar y recibir dinero por escribir en contra de su propio país.