Un grupo de alrededor de cien organizaciones universitarias, ONGs y activistas de Ecuador ha emitido una carta pública en la que solicitan al gobierno de Nicaragua que reconsidere su decisión de disolver la filial en ese país de la Compañía de Jesús, a la que pertenece el Papa Francisco.
En la misiva, los firmantes instan al gobierno nicaragüense a revisar estas disposiciones y garantizar el debido proceso, de manera que estas decisiones estatales no contravengan la Constitución de la República ni los tratados y estándares internacionales de derechos humanos.
Asimismo, hacen un llamado a las autoridades de Nicaragua a promover un diálogo respetuoso y proactivo en defensa de los intereses de las miles de familias que educan a sus hijos en los centros educativos y se benefician de las obras realizadas durante décadas por la Compañía de Jesús.
La carta expresa preocupación y desconcierto por la reciente decisión de la ministra de Gobernación de Nicaragua, María Amelia Coronel Kinloch, de cancelar la personalidad jurídica de la Asociación Compañía de Jesús debido a un supuesto incumplimiento de la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro y otras leyes relacionadas.
Además, se menciona que la jueza nicaragüense Gloria María Saavedra ordenó la incautación de bienes de la Universidad Centroamericana (UCA), regentada por la Compañía de Jesús.
El colectivo ecuatoriano enfatiza que tanto la ilegalización de la Asociación Compañía de Jesús como la incautación de los bienes de la UCA contradicen las normas constitucionales que garantizan el derecho a la asociación y los tratados internacionales de derechos humanos.
La carta ha sido suscrita por diversas entidades de derechos humanos, unidades educativas y académicas, así como por organizaciones no gubernamentales relacionadas con migrantes y refugiados, grupos religiosos y universidades en varias ciudades de Ecuador.
También han firmado académicos, abogados, artistas, médicos, economistas y periodistas. La tensión entre el gobierno de Nicaragua y la Iglesia católica ha aumentado en los últimos tiempos, marcada por la expulsión y detención de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de relaciones diplomáticas. El Papa Francisco ha calificado al gobierno de Ortega como una «dictadura grosera» y ha expresado preocupación por la situación en el país centroamericano