Desde ya se maneja la hipótesis del sicariato en el caso de la muerte de Virgilio Trujillo Arana. El hecho ocurrió el jueves 30 en el sector Escondido de Puerto Ayacucho, adonde al parecer llegó en un vehículo del que se bajaron otras personas que le dispararon. Esta tragedia enluta a los defensores de la Amazonía venezolana, pues se trataba de un ferviente activista en contra de los grupos mineros ilegales y de otro tipo de delincuentes como los narcotraficantes extranjeros que están enquistados en la zona.
Trujillo Arana era de la etnia uwottuja y además era uno de los primeros guardianes territoriales de su comunidad, dedicado a vigilar y denunciar cualquier actividad ilícita en los terrenos que albergan a 15.000 indígenas aproximadamente. Se trata del corazón del Autana, en donde está prohibida la minería, de acuerdo con el Decreto 269 que data de 1989 y que el activista pretendía hacer cumplir. Sin embargo, en los últimos años los grupos extranjeros, tanto mineros como narcotraficantes, han comenzado a devastar la zona y por eso Trujillo Arana se mantenía activo.
Hay que aclarar que el Amazonas no está incluido en el Arco Minero decretado por Nicolás Maduro en 2016, por lo que cualquier actividad extractiva en el estado es ilegal. Sin embargo, nada ha hecho el gobierno chavista para detener la destrucción de miles de hectáreas ni para proteger a los indefensos indígenas. Es por esta razón que la comunidad uwottuja a la que pertenecía Trujillo Arana decidió en 2021 defender su territorio ante lo que ellos consideran una “invasión silenciosa de grupos criminales”. Muchas razones entonces tenían los irregulares para querer quitar de en medio a Trujillo Arana.
“Trujillo Arana hizo en vida una fuerte oposición a la presencia de grupos extraños y a la explotación minera ilegal en territorios indígenas del pueblo uwottuja, en la zona del Alto Guayapo”, dijo la ONG defensora de los derechos indígenas A. C. Kape Kape. Todas las organizaciones indígenas y ecológicas piden que se esclarezca este asesinato y que se detenga a los responsables materiales e intelectuales.
Desde 2013 hasta 2021, Odevida ha registrado la muerte de 32 líderes indígenas y ambientalistas, «21 de ellos asesinados por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas y 11 por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”. Con esta declaración de otra ONG se evidencia que la muerte de Trujillo Arana no es un hecho aislado, sino que los grupos de delincuentes que están desangrando al país también se llevan por delante a los que valientemente lo defienden.
¿Qué hará el gobierno de Maduro al respecto? ¿Correrá este caso la misma suerte de los recientes asesinatos de 4 yanomamis o, incluso, de los 32 líderes que denuncia Odevida? Es deber de los gobernantes garantizar la vida de los indígenas y la integridad del territorio, pero pareciera que no les preocupa cumplir con esta obligación porque no les deja ganancia. Es más negocio dejar que actúen a sus anchas grupos de delincuentes que extraen las riquezas, destruyen los terrenos y matan impunemente.