El gobierno de Nicolás Maduro llevó a cabo una operación de seguridad en el Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, conocido como Puente Ayala, en la cual se negoció con el líder delictivo de la cárcel, según informó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Esta intervención selectiva y sorpresiva fue diseñada para evitar la resistencia de los presos, pero en Venezuela, las tomas de los penales son negociadas con los mismos pranes que han causado estragos en la población penal durante años.
El OVP reveló que una semana antes de la intervención, los residentes cercanos a Puente Ayala observaron cómo sacaban ganado y electrodomésticos desde el interior de la prisión. También presenciaron la presencia de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en las inmediaciones. Esto plantea la interrogante de por qué ninguno de estos funcionarios impidió la mudanza que salía de Puente Ayala. Esta situación genera más dudas que certezas, al igual que ocurrió en intervenciones anteriores como Tocorón y Tocuyito.
El OVP identificó al pran Yunior Yagüez, alias Pata e’ Queso, como el organizador de este movimiento. Según la organización, el pran tuvo tiempo de advertir a sus seguidores para que también sacaran todas sus pertenencias, incluyendo dólares en efectivo y motocicletas. Pata e’ Queso es conocido por sus conexiones con diversas bandas criminales de Barcelona, donde se dedican al robo de vehículos, extorsiones y venta de drogas.
Esta es la tercera intervención penitenciaria realizada por las autoridades en menos de dos meses. Anteriormente, se llevó a cabo un operativo similar en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, y se desplegaron 11.000 agentes de seguridad en el penal de Tocorón, en el norte del país. Como resultado de la intervención en Tocorón, se desmanteló por completo la banda conocida como «Tren de Aragua», cuyo líder, Héctor Guerrero, alias «Niño Guerrero», aún no ha sido capturado. Por otro lado, en Tocuyito se encontraron 1.658 armas, incluyendo armas de fuego y armas blancas, además de más de 12.000 cartuchos y sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
Después de estas operaciones, el gobierno aseguró haber acabado con las estructuras criminales que controlaban los centros penitenciarios. Sin embargo, la efectividad de estas intervenciones y la continuidad de las actividades delictivas en las cárceles venezolanas siguen siendo motivo de preocupación.