Los padres de Juan Pablo Pernalete condenan que tras cinco años del asesinato de su hijo, los 13 Guardias Nacionales implicados en el caso sigan en libertad, y que el autor material esté protegido por un sistema de justicia «viciado»
Luna Perdomo| TalCual
Elvira Pernalete y José Gregorio , padres de Juan Pablo Pernalete, quien murió al ser impactado por una bomba lacrimógena que un funcionario de la Guardia Nacional (GN) disparó contra su pecho, durante una protesta el 26 de abril de 2017, pidieron este martes 14 de noviembre a la Corte Penal Internacional (CPI) que sigan investigando los crímenes de lesa humanidad en el país.
Elvira Pernalete considera que en Venezuela «hay impunidad total, no han investigado porque no hay interés real de dar justicia. Es mentira».
Sobre el caso de su hijo, la madre de Pernalete recuerda que 13 Guardias Nacionales fueron imputados, pero solo dos acusados por el Ministerio Público, pero se desconoce el paradero de estos últimos. «En este momento, los 13 Guardias Nacionales están en libertad y el autor material está siendo protegido, no solo por los otros guardias que fueron cómplices necesarios, sino por un sistema de justicia viciado en Venezuela», detallo Elvira Pernalete.
De la misma manera, sostuvieron que en el país se quiere justicia, reparación y garantías para que no se repitan hechos como el asesinato de su hijo y de tantos otros manifestantes durante las protestas de 2017 en contra del gobierno nacional. «Al darles amnistía a los violadores de derechos humanos, se les da una patente para que sigan violando DDHH», dijo la madre de Juan Pablo Pernalete.
El pasado 10 de noviembre, tras diez diferimientos, se dio la audiencia preliminar del caso de Juan Pablo Pernalete, pero la jueza desestimó la acusación de los padres de Pernalete y mantuvo archivo fiscal para los diez acusados presentes y declaró «el decaimiento de las medidas cautelares que pesaban sobre ellos».
Ante esta situación, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-Unimet) sostuvo que «el sistema de justicia penal venezolano se mantiene como garante de impunidad en las graves violaciones de derechos humanos denunciados por la Misión de Determinación de Hechos. Exigimos justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición».