El Sistema Teleférico del Ávila en Caracas ha anunciado un nuevo cierre temporal para realizar trabajos de mantenimiento. A través de sus redes sociales, la empresa informó que busca garantizar la seguridad y el disfrute de las «mejores vistas de Caracas».

Aunque no se especificó la fecha de reapertura, se aseguró que pronto se anunciará. Tampoco se detallaron las labores de mantenimiento, describiéndolas únicamente como una «parada técnica».

Cierre recurrente

Esta es la segunda vez en el año que el teleférico cierra por mantenimiento. Recordemos que entre abril y mayo estuvo suspendido por reparaciones en la guaya principal.

En los últimos años, el teleférico ha funcionado de forma intermitente, con un cierre prolongado entre abril de 2022 y febrero de 2023 para un mantenimiento a fondo de las guayas y otros componentes.

El teleférico, que conecta Caracas con el Parque Nacional El Ávila, es una importante atracción turística. El precio del boleto es de 12 dólares (10 dólares si se paga en bolívares) para adultos y 6 dólares para niños.

Una comisión técnica de la Corte Penal Internacional (CPI) se encuentra en Venezuela realizando una visita de verificación sobre el estado de los presos políticos detenidos tras las elecciones presidenciales.

Según fuentes de El Pitazo, los expertos de la CPI llevan alrededor de 10 días en el país, investigando si se respetó el debido proceso de las casi 2,000 personas acusadas de terrorismo e incitación al odio.

La comisión estaría brindando asistencia procesal al sistema judicial venezolano y tendría acceso a los expedientes del Ministerio Público sobre los detenidos. Incluso, habrían visitado la cárcel de Tocorón.

Fuentes señalan que esta visita es «distinta» a las anteriores realizadas por la CPI en el marco del caso contra Venezuela, y que no se espera un informe público sobre sus actividades.

¿Reacción a la presión internacional?

La visita de la CPI coincide con el reciente llamado de las autoridades venezolanas a revisar los procesos de varios detenidos en las protestas. Algunos sugieren que esto podría ser una respuesta a la presencia de la comisión y a la presión internacional.

«Si alguna instancia internacional tiene influencia en el Gobierno es la CPI. Ya vemos qué pasa con los informes del alto comisionado o con la Misión de la ONU, que no la quieren para nada», comentó una fuente.

Al parecer, la CPI no tiene previsto abrir una segunda investigación por los hechos ocurridos tras las elecciones. Su objetivo sería verificar si persisten las irregularidades procesales denunciadas ante el organismo.

Recordemos que la Fiscalía de la CPI inició una investigación sobre Venezuela a finales de 2021, al encontrar «fundamentos razonables» para creer que autoridades, militares y simpatizantes del gobierno cometieron crímenes de lesa humanidad.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este viernes que su despacho solicitó ante los tribunales revisar 225 casos del total de detenidos tras las presidenciales del 28 de julio -estimado en 2.400 personas por el Ejecutivo-, sin precisar si se trata de posibles excarcelaciones.

«Se han solicitado 225 revisiones de medidas a procesados por estos sucesos que conmocionaron al país y dejaron la lamentable cifra de 28 personas fallecidas, cerca de 200 lesionados y 500 bienes públicos y privados destruidos», dijo el fiscal, en alusión a la crisis desatada luego de los comicios, en los que Nicolás Maduro fue proclamado ganador.

Explicó, en una declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que esta decisión se tomó «luego de exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y elementos probatorios» y en coordinación con tribunales.

Esto «tiene como centro la reunificación familiar, consolida el compromiso de las instituciones venezolanas con la paz, la justicia y los derechos humanos», concluye el comunicado leído por Saab, que recordó que los casos a revisar están «relacionados con acciones violentas ocurridas posterior» a las presidenciales, cuyo resultado oficial fue señalado de fraudulento por la oposición mayoritaria.

Remarcó que este proceso -que empezó luego de que Maduro llamase el lunes a revisar y rectificar en los casos en que hubiera errores- es «atribuible única y exclusivamente al Estado venezolano», por lo que criticó los pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos en los que han pedido estas excarcelaciones.

«Vamos a seguir revisando, vamos a seguir mirando los casos a los que haya lugar, porque por eso Venezuela es reconocida como un sistema que protege los derechos humanos», adelantó.

No obstante, el fiscal reiteró que quien «haya sido responsable de las acciones criminales sujetas a una vinculación como participante directo de las mismas será castigado».

Varias ONG y partidos opositores han identificado a cerca de 1.850 personas aprehendidas tras las presidenciales, en protestas contra la reelección de Maduro o en operativos policiales, entre ellas 69 menores de edad, así como decenas de mujeres y militares, casi todos señalados por delitos como terrorismo y conspiración.

EFE