El Estado venezolano no encuentra la manera de enfrentar efectivamente la propagación del nuevo coronavirus y, en medio de la situación crítica del país, lo que hace es atropellar a la población, multiplicando las detenciones y agresiones por parte de funcionarios policiales o efectivos policiales que deberían prestar su apoyo y protección a las personas.
Así lo manifestó el abogado defensor de DDHH Rafael Narváez, quien sostuvo que el Estado debe poner en cintura a los efectivos militares y cuerpos policiales para que no sigan violando los DDHH con sus actuaciones.
El profesional del derecho, director de la ONG Derechos Civiles, citó casos como los ocurridos en Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui, donde efectivos de la Guardia Nacional (GN) asesinaron a un ciudadano que hacía cola para adquirir combustible; el de un joven en esa misma entidad que fue golpeado por otro guardia por no llevar tapabocas, y el de la abogada Eva Leal, quien fue torturada por una teniente del mismo componente de la Fuerza Armada por “violar” la cuarentena, y quien hasta ahora es procesada por la justicia militar, en contra de lo establecido en la Constitución, que en su artículo 49 dice que toda persona tiene el derecho a ser juzgada por sus jueces naturales.
“La covid-19 no se Combate violando los DDHH del pueblo. Es una estrategia equivocada por parte del Estado para contener la Pandemia. Hace falta desarrollar políticas públicas de atención a los ciudadanos y no criminalizar a quienes salen a buscar su sustento diario”, expresó Rafael Narváez.
Rechazó que a algunas personas que incumplen con ciertas recomendaciones en esta cuarentena sean detenidas arbitrariamente por los cuerpos policiales y se les apliquen castigos, como realizar “saltos de rana” porque están obligados a trabajar y salir a la calle cada día para sobrevivir.
“Con este tipo de castigos se está resucitando la obsoleta y derogada ley de vagos y maleantes, en la que se amparaban funcionarios policiales para detener a personas según les pareciera” señaló el abogado.
En su opinión, no se justifica por ningún motivo que algunos representantes de los cuerpos de seguridad hayan golpeado a ciudadanos por no utilizar un tapaboca, como tampoco el que desde los altos mandos militares se amenace a los guardias con sancionarlos si se contagian de la covid-19.
“Estamos en presencia de un Estado acorralado por la Pandemia mundial, el cual no encuentra la fórmula para aplanar la curva de contagios, y entonces agrede a un pueblo que todos los días asume sacrificios porque no puede cumplir con todas las medidas preventivas, empezando porque no tiene agua permanente para cocinar los alimentos o lavarse constantemente las manos, o porque sus ingresos lo llevan a tener que tomar una decisión muy difícil, comprar jabón para lavarse las manos, adquirir guantes y tapa bocas o comprar un cartón de huevos y algo de mortadela o queso”, indicó Rafael Narváez.
El director de la ONG Derechos Civiles rechazó la medida impuesta en el estado Miranda por parte del gobernador Héctor Rodríguez, según la cual solo se podrá comprar alimentos de acuerdo al número final de la cédula de identidad. “El gobernador sabe que no tiene competencias para decretar un Estado de Excepción y para legislar, ya que eso es competencia constitucional del presidente de la República y de la Asamblea Nacional, pero dicta un decreto al margen de nuestra Constitución y restringe garantías y derechos humanos a la población”, acusó.
Para finalizar, Rafael Narváez advirtió que el crecimiento exponencial de los casos de covid-19 deben motivar a una reflexión profunda del Estado sobre el por qué el método aplicado, que se basa en decretos de Estados de alarma y excepción no han dado resultado.
“Es necesario pedir ayuda a otros países para que nos ayuden con material para proteger a nuestros médicos y personal de salud y así evitar que se nos sigan muriendo en el cumplimiento de su labor de atender a los pacientes que son víctimas del coronavirus”, puntualizó el abogado.
Comunicado de Prensa
