De acuerdo con reciente información inserta en nuestra edición digital, un panel de expertos internacionales independientes ha subrayado la falta de tenacidad para hacer rendir cuenta de sus actos a los altos cargos del gobierno bolivariano. Esa notable y preocupante carencia de voluntad política, cuyos efectos tienden a perpetuar la arbitrariedad y el abuso en nuestro país, ha compelido a tales especialistas a sugerir al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que centre sus investigaciones y ejecutorias en quienes operan lejos del alcance de la jurisdicción nacional debido a la incapacidad del Ejecutivo venezolano para poner fin a la impunidad por presuntos crímenes de lesa humanidad.
El panel hizo mención de los casos de Gilber Caro y Juan Requesens, en los cuales los supuestos perpetradores fueron promovidos a posiciones relacionadas con la reforma institucional y las relaciones del Estado con el tribunal de La Haya.
De acuerdo con las opiniones del argentino Santiago Cantón y de la mauriciana Joanna Friver las reformas institucionales propuestas en Venezuela son en gran medida superficiales y no abordan las causas profundas de la crisis, entre otras cosas, porque ellas protegen a los responsables de la misma ante la justicia, tanto nacional, cuanto internacional.
Asimismo, acusan a Calixto Ortega, embajador de Venezuela en Países Bajos, de complicidad activa en la comisión de crímenes varios, y lo responsabilizan de detenciones arbitrarias, amparadas en decisiones judiciales que justifican arrestos sin fundamento jurídicos de peso, como las de los mencionados Caro y Requesens.
Diosdado Cabello también recibe lo suyo en la denuncia de Cantón y Friver, pues se le estima «autor directo y coautor de crímenes de lesa humanidad, de detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual a través de órdenes dadas directamente al director general del Sebin, González López, quien de facto dependía de él». Se trata, pues de imputaciones sin desperdicios que ojalá ayuden no sólo a sustanciar los expedientes por crímenes de lesa humanidad abiertos al gobierno de Nicolás de Maduro, sino, además, a contribuir a la reinstitucionalización democrática de Venezuela.