Partido Comunista de Venezuela se enfrenta a su ilegalización con «la moral en alto»

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El Partido Comunista de Venezuela (PCV) enfrenta su cuarta ilegalización en 92 años de historia. Esta última medida fue impuesta en agosto por el gobierno socialista, mediante una intervención ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). A pesar de esta situación, los miembros del PCV se mantienen firmes y afirman tener «la moral en alto».

El PCV nació en la ilegalidad y ha vivido episodios de clandestinidad durante los gobiernos militaristas de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, así como durante el mandato del socialdemócrata Rómulo Betancourt. Durante este último periodo, el partido se convirtió en una guerrilla.

El TSJ admitió un amparo constitucional presentado por supuestos miembros del PCV, el cual despoja a la dirección tradicional del partido de sus siglas y tarjeta electoral. Además, nombra una «junta directiva ad hoc» para organizar «procesos democráticos internos». Esta acción ha sido considerada una «judicialización» por parte de la dirección tradicional del PCV.

Según Yul Jabour, miembro de la dirección tradicional del partido, esta medida es una «aberración jurídica» que marca un «gravísimo precedente para la historia». Jabour asegura que el TSJ justifica su decisión argumentando que no se ha celebrado el correspondiente congreso de la organización, lo cual él considera falso, ya que hubo un conclave en 2017 y otro en 2022.

Además, Jabour niega que los que introdujeron el amparo sean militantes del PCV, sino que son activistas de otras organizaciones políticas. Solo dos de los miembros de la junta ad hoc impuesta por el TSJ fueron miembros del partido, pero fueron excluidos hace varios años por no cumplir con sus obligaciones estatutarias.

Ante esta situación, el PCV ha presentado un «escrito de defensa» ante el TSJ, argumentando que el amparo contraviene la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Además, destacan que la sentencia que ordena su intervención es inconstitucional por no considerar el derecho a la reelección indefinida establecido en la ley venezolana.

La ONG Acceso a la Justicia señala que esta medida contra el PCV parece ser una estrategia para silenciar la disidencia dentro del partido, así como de otras formaciones políticas en el país.

El historiador Isaac López destaca la importancia del PCV como una instancia de transición política en la historia de Venezuela. Para López, el PCV ha sido una escuela de formación ideológica y política, algo que los partidos contemporáneos han perdido.

A pesar de las dificultades y denuncias de acoso, el PCV se mantiene firme en sus principios, reclamando aumentos salariales dignos y los derechos de los trabajadores, basándose en la idea de que el proletariado es la base de la formación de la sociedad.

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