Quedan pocos días para que se cumpla la fecha límite del proceso de subasta de la refinería Citgo en Estados Unidos, propiedad de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). El próximo lunes 15 de julio se espera que en una audiencia se informe sobre los ganadores del remate de acciones, esto, si no ocurre antes alguna eventualidad que implique la protección del único activo importante del país en el extranjero.
Ahiana Figueroa|@ahianaf / TalCual
Hasta la fecha continúan los esfuerzos de la junta administradora ad hoc de Pdvsa para posponer la subasta para después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, mientras que funcionarios venezolanos como el ministro de Petróleo, Pedro Rafael Tellechea, exigen la suspensión del proceso.
Lo que se conoce sobre el remate es que aún, cuando el juez de la Tercer Circuito de la Corte de Delaware en Estados Unidos, Leonard Stark, informe de los resultados el próximo mes, este sería el primer paso de muchos otros antes de que finalmente Citgo pase a manos distintas a las venezolanas. Por otra parte, otras actuaciones por parte de todos los involucrados pueden llevarse a cabo antes de que se llegue a una eventual adjudicación que se estima se concrete a mediados del año 2025.
El caso Citgo es tan complejo no solo por ser un caso inédito desde el punto de vista legal, sino también porque está afectado por situaciones políticas internas y externas. «Recordemos que 2024 es un año de elecciones presidenciales en Estados Unidos y en Venezuela y lo que suceda en esos dos procesos, será lo que selle la suerte de Citgo», sostuvo José Ignacio Hernández, abogado y ex procurador del gobierno interino de Juan Guaidó.
¿Qué se espera de la audiencia en el tribunal de Delaware?
- La audiencia del 15 de julio se fijó hace un buen tiempo cuando la Corte de Delaware estableció los pasos a seguir en este proceso de venta y señaló que se trataba de una fecha tentativa o estimada, por lo que cabe la posibilidad de que sea modificada.
- Debido a la complejidad del caso, aún hay muchos elementos que estudiar, por lo que es probable que la audiencia se difiera un mes o hasta algún día de agosto.
- Cuando se realice la audiencia, se recomendará entonces que se mencione un ganador o ganadores de la subasta; sin embargo, esta decisión puede ser objetada por las partes, Pdvsa ad hoc y acreedores. Se espera que esta audiencia sea muy polémica o reñida al igual que la anterior del 17 de mayo.
- El día de la audiencia del 15 de julio, el juez no está obligado a tomar una decisión sobre quiénes serán los adjudicatarios de la subasta. Rara vez las Cortes toman una decisión de este estilo el mismo día de la audiencia, señalan expertos legales consultados. Por lo que el juez se podría tomar un plazo de 30 días, que es el tiempo que suelen utilizar. Esto significaría que el 15 de agosto habría una sentencia, previa revisión de las objeciones presentadas por las partes.
- Ya tomada la sentencia, ésta puede ser apelable por la Pdvsa gestionada por Nicolás Maduro, por la República de Venezuela, por Pdvsa ad hoc gestionada por representantes de oposición y/o por los acreedores. Estas acciones se llevarían a cabo ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Delaware. Así entonces, quedaría suspendida la sentencia hasta que la nueva Corte decida.
- La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Delaware puede tomarse seis meses para emitir sentencia, pero podría tomar más tiempo. En un lapso conservador, sostienen los abogados consultados. Por lo que se llegaría a febrero de 2025 con una posible decisión en la cual se declare sin lugar la apelación o la declare con lugar, como peor escenario.
- Luego que se dicte la sentencia de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, es muy posible que alguna de las partes y especialmente Pdvsa intente acudir a la Corte Suprema de Justicia de EEUU, el máximo tribunal del país.
- La Corte Suprema de Justicia de EEUU también se tomaría su tiempo para aceptar o desechar el caso. Nuevamente en el peor de los escenarios podría ser de un mes.
- Todos los pasos anteriormente descritos podrían alargar el proceso hasta junio del año 2025.
- Para ese momento, la Corte Suprema de Justicia de EEUU podría desestimar el caso y ya habría que cumplir la sentencia del Tercer Circuito de la Corte de Delaware que ordena vender las acciones de Citgo.
- Es en este punto cuando cuando el Tercer Circuito de la Corte de Delaware debe solicitar una licencia a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro norteamericano (OFAC, por sus siglas en inglés).
- La OFAC también puede tomarse un tiempo para decidir si otorga o no la licencia, por lo que se podría estar dando este proceso para el tercer trimestre de 2025.
¿Qué más se puede hacer para salvar Citgo?
Dado este tiempo que puede llevar el proceso de adjudicación de Citgo tras la subasta, parece ser suficiente para ejecutar otras medidas que eviten la venta de las acciones de la refinería, pero quedan pocas opciones.
- Una de las alternativas para que la refinería se quede en manos venezolanas es que el gobierno de Estados Unidos cambie su política actual con respecto a Citgo y vuelva a la protección que le había otorgado en 2019 cuando prohibió que continuara el proceso de venta de las acciones de la empresa, por ser un activo estratégico. «Todo el proceso avanzó luego, porque Estados Unidos cambió su postura en 2023 y concedió una licencia a la Corte para que continuara el proceso», recordó José Ignacio Hernández.
- Otra alternativa es una renegociación con los acreedores de Citgo, pero también de toda la deuda pública venezolana (de Pdvsa y la República), la cual es de 170.000 millones de dólares, aproximadamente.
- Los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela el próximo 28 de julio definirá también el futuro de Citgo. Hernández considera que si la oposición resulta ganadora se pudiera comenzar la renegociación de la deuda externa y se suspendería el remate de Citgo. No obstante, de ser reelecto Nicolás Maduro, es muy probable que el gobierno norteamericano permita la continuación del proceso, para evitar el control del oficialismo venezolano de este activo que se encuentra en su territorio.
Los dimes y diretes
Lo que ocurre con Citgo genera críticas, acusaciones y opiniones diversas desde diferentes ámbitos. Pero muchos venezolanos se siguen preguntando qué pasará con este activo, si seguirá la protección por parte del gobierno de EEUU y si aún existe una rendija con la cual se le pueda salvar de sus acreedores.
«Recordando a Yogi Berra, el filósofo del béisbol: ¡el juego no se termina hasta que se termina! Todavía este asunto no se ha terminado, quedan espacios para defender nuestra joya de la corona y lo vamos a seguir haciendo», dijo en sus redes sociales el presidente de la junta ad hoc de Pdvsa, Horacio Medina.
Varios son los puntos a validar en esta delicada situación: el agresivo plan de nacionalización y estatización del gobierno de Hugo Chávez llevó a que la República y Pdvsa hayan sido demandados en cientos de tribunales internacionales, entre ellos, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. En estos escenarios, el país perdió la batalla legal por no cumplir con las correspondientes indemnizaciones. En segundo lugar, el alto endeudamiento de Citgo al que fue sometida en el gobierno de Maduro la hizo vulnerable financieramente y, en tercer lugar, el débil manejo operativo y de corrupción en la empresa hizo que cayera su productividad y en consecuencia sus ingresos.
«Citgo heredó una deuda de más de $1.200 millones debido a que en 2010 fue forzada a decretar un dividendo a Pdvsa. Esa deuda se pagó. Citgo no tenía deuda. Pero en septiembre de 2016, Maduro la puso en garantía (50% de sus acciones) por el Bono Pdvsa 2020. Allí se agravó el problema», recordó el economista y exdiputado de oposición José Guerra.
La resolución de la demanda contra Citgo en los tribunales de EEUU y especialmente en Delaware por parte de la minera canadiense Crystallex y de Conoco Phillips, justamente ocurrió durante un hecho inédito para el país: el gobierno interino de Juan Guaidó que comenzó el 23 de enero de 2019. Sin embargo, en 2018, antes del interinato, ya el juez Leonard Stark había admitido la figura del alter ego entre Citgo y Pdvsa, según su decisión publicada el 9 de agosto de ese año.
La disputa entre la oposición y el gobierno de Maduro, el cual no era reconocido por más de 100 países, impidió que se llegara a un acuerdo entre ambos para defender legalmente la refinería. No obstante, la OFAC emitió desde la creación del interinato varias licencias para impedir cualquier toma de Citgo.
Entre las primeras críticas hacia la defensa de Citgo durante el gobierno interino, están los errores cometidos por el equipo legal; mientras que otros señalan que «con o sin errores» este activo no se salvaba de las demandas de sus acreedores.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez, a nombre del Ejecutivo, rechazó recientemente el proceso de subasta que despojaría al país de Citgo y que se estaría concretando el expolio por medio de un proceso judicial de venta forzosa de acciones que «claramente» es «contrario a Derecho». A través de un comunicado, se afirmó que constituye «un nuevo episodio de la agresión multiforme» que ejecuta Washington con sus «cómplices» de esto como Juan Guaidó, Julio Borges, Leopoldo López, entre otros diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015.
«El mundo al revés. Quienes expropiaron y confiscaron empresas que propiciaron demandas contra Venezuela ante tribunales internacionales. Quienes pusieron en garantía a Citgo en septiembre de 2016 por $3.000 millones cuando valía $8.000 millones, pretenden culpar a otros», respondió José Guerra a esas declaraciones.
No solo es esta subasta
En medio de la diatriba por la subasta de Citgo, varios analistas señalan que es un buen momento para que el oficialismo ponga en marcha una narrativa en contra de sus rivales de oposición y apele al nacionalismo ante la inminente posibilidad de perder Citgo. No obstante, es difícil ocultar que 18 acreedores internacionales buscan compensación por expropiaciones de Chávez y por los incumplimientos de pago de deuda pública externa por parte de Maduro.
El monto de las demandas suman $21.300 millones, pero el activo Citgo vale $14.000 millones, aproximadamente. Es decir, no hay cama para tanta gente.
A las demandas de las empresas se suma la de los trabajadores de Pdvsa. Un grupo de 23.000 petroleros, aproximadamente, representados por el abogado Leroy Garrett, representante de la organización Petroamigos, notificaron al Gobierno de EEUU y a la Corte de Delaware, sobre su condición de acreedores de PDV Holding por los pasivos laborales que reclaman a Pdvsa, según informó El Pitazo.
En un documento enviado a estos organismos, los trabajadores informan que existe un reclamo contra PDV Holding, dueña de Citgo, y por lo tanto, en caso de una subasta y cambio de propiedad de la filial de Pdvsa, los trabajadores petroleros tendrían que ser considerados para pagos indemnizatorios.
«En caso de que haya una subasta, nosotros vamos a ejecutar el procedimiento civil llamado implead, que significa que cuando el demandante desaparece o es sustituido, nosotros citaremos a los nuevos dueños», señaló Garret.
Por otra parte, lo que ha sucedido con este complejo refinador se convierte en la punta del iceberg de posteriores demandas de acreedores de la República y de Pdvsa.
«Si se llega a un acuerdo de pago con los 21 acreedores de Citgo porque aparecen los recursos para ello, lamentablemente vendrán otros acreedores más a querer cobrar. La lista es larga. Si Citgo pasa a otras manos tras la subasta, entonces muchos a los que Venezuela les debe, podrían también ir contra otros activos del país como las exportaciones petroleras», recalcó el abogado Hernández.