A partir del 1 de julio, entra en vigor en Florida la nueva y estricta legislación contra la inmigración ilegal, promulgada por el gobernador republicano Ron DeSantis, lo que ha generado alarma y confusión entre las comunidades de trabajadores inmigrantes del estado.
Con información de CNN
La medida establece que cualquier persona que transporte a alguien que ingresó ilegalmente al país podría enfrentar una sentencia de cinco años de prisión o una multa de US$ 5.000 por persona. Además, exige a las empresas con al menos 25 empleados verificar el estado inmigratorio de los trabajadores en una base de datos federal llamada E-Verify, y establece sanciones para los empleadores que, a sabiendas, den trabajo a «extranjeros no autorizados».
Esta nueva legislación ha generado temor entre los inmigrantes, quienes sienten que podrían volverse más vulnerables y estar expuestos a la explotación. Algunos trabajadores inmigrantes incluso han manifestado en redes sociales su rechazo a la ley, con publicaciones que muestran vacantes en lugares y granjas donde tradicionalmente solían trabajar. Incluso hay rumores de que algunos trabajadores están evitando Florida en menor escala debido a las restricciones impuestas por la nueva ley.
La Coalición de Inmigrantes de Florida está investigando la situación y ha recibido diversas consultas y comentarios de personas preocupadas por el impacto de la ley. A pesar de ello, aún no se han recibido informes de empresarios o propietarios de fincas sobre el tema.
El proyecto de ley migratorio presentado por DeSantis busca abordar lo que considera una creciente amenaza de inmigración ilegal, y busca fortalecer el controvertido programa de vuelos de migrantes con una asignación de US$ 12 millones. También establece sanciones penales para quienes ayuden o protejan a inmigrantes indocumentados y invalida algunas licencias de conducción e identificaciones emitidas por otros estados a inmigrantes en situación irregular. Asimismo, exige a ciertos hospitales solicitar información sobre el estatus inmigratorio de los pacientes en los registros de admisión y aumenta las multas máximas por emplear a inmigrantes irregulares en puestos públicos o privados.
A pesar de los intentos de los demócratas por suavizar los puntos más controvertidos del proyecto de ley mediante enmiendas, estas fueron rechazadas por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes del estado. La ley sigue adelante, generando preocupación y debate en la comunidad inmigrante de Florida.
Es absolutamente inmoral sostener el trabajo de una fábrica, granja, contratista de construcción, tienda, almacén, etc. con trabajadores ilegales.
En primer lugar, ¿Por qué esos empresarios no gestionaron permisos de trabajo H2B o cualquier otro a esas personas? Porque prefieren «hacerse los locos» y mantenerlos ilegales para poder hacer con ellos lo que quieran, en caso de reclamos. Mientras estén ilegales prácticamente no tienen derechos. Los botan y contratan a otros sin problemas. Los empresarios se pasan por el forro las leyes laborales.
Ahora los empresarios lloran. Bien hecho, DeSantis.
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