Los 20 prisioneros políticos que recientemente fueron liberados a cambio de la liberación de Alex Saab, quien es considerado testaferro de Nicolás Maduro por la justicia de Estados Unidos, están aliviados de regresar a casa, pero enfrentan la incertidumbre de estar en un limbo legal.
Varios de los detenidos que fueron liberados habían cumplido duras penas de hasta 16 años de prisión. Muchos de ellos fueron acusados de delitos como terrorismo, sedición y traición a la patria. Actualmente, desconocen su estatus jurídico y los límites de las medidas sustitutivas que se les han otorgado, según informa el periódico español El País.
A pesar de estar felices por regresar a casa, los presos políticos liberados saben que han sido utilizados como moneda de cambio en un acuerdo que va más allá de ellos, por lo que a menudo se muestran renuentes a contar sus historias.
«Unos 20 prisioneros han podido salir en el acuerdo que permitió la liberación de Alex Saab», explicó el abogado Alonso Medina Roa, especializado en derechos humanos y que ha estado involucrado en este proceso.
Todos ellos enfrentan una gran incertidumbre sobre su situación legal y su futuro. «No ha habido claridad en los tribunales. Hemos sabido por otras vías que tienen que presentarse ante el tribunal cada 15 días», dijo el abogado. Los defensores de derechos humanos planean ocuparse de este tema este mes, una vez que pasen las festividades de diciembre.
Un líder estudiantil que prefirió no ser identificado y que experimentó duras condiciones de reclusión, asegura que siempre tuvo la convicción de que sería liberado a pesar de su sentencia.
«Puse como meta el año 2025, con la realización del ciclo electoral», dijo al medio español, con el que habló sobre su vida en prisión. Explicó que todo se trata de dinero. «Lo que uno necesita tiene que pagárselo a los guardias, a los custodios. Estuve detenido en La Yaguara con presos comunes, y me sorprendió la forma en que pudimos organizarnos. Fui torturado durante los interrogatorios, aunque debo decir que después el trato ya no fue hostil», expresó.
El abogado Joel García señaló que el criterio utilizado por el gobierno de Nicolás Maduro para liberar a algunos presos políticos en detrimento de otros no tiene coherencia. Actualmente hay alrededor de 300 presos políticos, entre civiles y militares. En octubre fueron liberados cinco de ellos, dos de los cuales fueron defendidos por García, Roland Carreño y Juan Requessens.
En diciembre fue liberado otro grupo, que incluía a los 10 estadounidenses y a seis dirigentes sindicales condenados por conspiración. Según el abogado, en un futuro cercano podrían liberarse otras 15 o 20 personas más.
«Néstor Astudillo, uno de los dirigentes sindicales condenados a 16 años de prisión por terrorismo, señaló: «Fui hecho prisionero por motivos de persecución política. No le tengo miedo al gobierno. Venezuela vive una dictadura disfrazada de democracia», declaró a El País.
Astudillo pasó cuatro meses detenido con presos comunes. Cuando fue condenado, junto con otros cinco sindicalistas acusados de terrorismo, el fiscal general, Tarek William Saab, justificó la medida. Según el fiscal, personas como Astudillo no están inscritas en el seguro social como empleados, no pertenecen a ningún sindicato y nunca han trabajado en la lucha sindical.
Sobre su detención, Astudillo contó que al principio fue llevado a uno de los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). «Estuve en calabozos subterráneos al principio, aislado. No me golpearon, pero ese es un centro clandestino y sé de otros presos políticos a los que sí han torturado, como el capitán Acosta Arévalo», indicó.
«Los presos comunes son extorsionados, maltratados. Aunque no sufrí agresiones físicas, se violan los derechos, se cobra por el agua, la luz del sol, todo se paga. El sistema carcelario en Venezuela está privatizado de facto», enfatizó Astudillo.