La plenaria del parlamento que domina el PSUV declaró la responsabilidad política del alcalde opositor del municipio Zamora del estado Miranda, Raziel Rodríguez. Desde abril la AN investiga la acusación del diputado Diosdado Cabello. El informe será enviado al Ministerio Público, que deberá declarar la culpabilidad o no de Rodríguez y de otros funcionarios señalados por la comisión de 13 delitos en el caso del supuesto desalojo ilegal de un parcelamiento
La Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 declaró la responsabilidad política a Raziel Rodríguez (Fuerza Vecinal), alcalde del municipio Zamora del estado Miranda por el caso de la emisión de un orden para el derribo de las viviendas de un parcela en la zona mirandina.
El hecho está relacionado con la citación que la Fiscalía 25, con competencia en materia de corrupción, envió en abril al alcalde del municipio Zamora (Guatire) para imputarlo.
La declaración de responsabilidad de Rodríguez y otros funcionarios fue hecha por unanimidad en la sesión de este 9 de junio luego de que el diputado por el PSUV Ricardo Molina presentará el informe sobre el avance de la investigación que una comisión parlamentaria hacía desde abril.
La instancia está conformada por los diputados Ricardo Molina (PSUV), Azucena Jaspe (PSUV), Óscar Ronderos (AD intervenido), Rosa León (PSUV, Blanca Eeckout (PSUV), Pedro Infante (PSUV), Juan Carlos Alvarado (Copei intervenido) y Nixon Maniglia )AD intervenido).
«Solicitamos y recomendamos también al Poder Ciudadano llevar a cabo las acciones a las que haya lugar para hacer efectiva la responsabilidad del alcalde como principal responsable en la actuación por violación de los derechos humanos de los afectados. También que se tomen medidas en contra de Neida Martínez directora de la Policía de Zamora, a José Ramos Parica y Raúl Romero, funcionarios policiales», dijo.
También se declaró responsabilidad sobre la abogada Yusbeli Caguaripano quien fue juez de primera instancia de control estadal-municipal en Miranda.
La comisión señala a los involucrados de presuntamente cometer al menos 13 delitos, entre ellos: hacer pasar por invasores a varias personas simulando hechos punibles, aprehensión ilícita por delitos inexistentes, privación de la libertad, maltrato contra adulto mayor, detención sin orden, incautación ilícita de celulares, entrada forzada a propiedad, apropiación de bienes, eliminación de acceso al agua potable, tala de arboles centenarios, degradación de suelo, agavillamiento, entre otros.
El diputado del PSUV, Pedro Carreño, dijo sobre el caso que corresponde al Ministerio Público imponer la responsabilidad penal, civil y administrativa a todos los implicados de acuerdo al artículo 187 de la Constitución, el cual establece el resultado de las investigaciones del Parlamento tienen valor probatorio.
El artículo 187, numeral tres de la Carta Magna al que se refirió Carreño establece que corresponde a la AN lo siguiente: Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca.
«Lo que procede es que luego de que esta plenaria apruebe la responsabilidad de estos ciudadanos, la directiva oficie al Poder Ciudadano iniciar las acciones ¿Qué acarrea esto? que estos ciudadanos queden destituidos de sus cargos», dijo el parlamentario.
La bancada oficialista respaldó los planteamientos contra los señalados. No obstante, instó a la Cámara a que atiendan denuncias de la ciudadanía sobre casos similares en otras zonas de la nación en las que las autoridades se han declarado afectas al gobierno de Maduro.
En abril, luego de conocerse la denuncia del presunto desalojo, el diputado oficialista Diosdado Cabello pidió a la plenaria crear la comisión investigadora.
En la sesión del jueves 21 de abril, Cabello detalló que agricultores de una unidad de producción familiar en el parcelamiento Villa Zamora 2021, en la Zona Industrial Terrinca, presenciaron cómo funcionarios de la Policía Municipal de Zamora junto con representantes de una empresa textil aledaña —que ha aseverado ser la titular de las tierras— destrozaron el terreno con el objetivo de provocar un desalojo.
El parlamentario afirmó que desde el grupo de familia del parcelamiento recibió una carta agraria por parte del Instituto Nacional de Tierras, INTI, en 2016, pero en 2019 habrían recibido una denuncia «como presuntos invasores por una empresa aledaña».
Por los hechos relatados por Cabello se ha podido conocer que un tribunal de control del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, de la subregión Guarenas-Guatire-Barlovento, dictó medida privativa de libertad contra cuatro funcionarios de la Policía Municipal de Guatire por el desalojo.
La Asamblea Nacional dominada por el PSUV aprobó en primera discusión el proyecto de ley de de Fiestas Nacionales. El instrumento jurídico fue presentado la diputada oficialista Gabriela Chacón, quien señaló que las modificaciones al articulado permitirán rescatar la identidad y memoria histórica de la nación.
Desde la tribuna de oradores, Chacón dijo que este proyecto de ley contempla incluir las siguientes fechas a las celebraciones nacionales: la Batalla de La Victoria, el Día de la Juventud (12 de febrero), la Proclamación de la Independencia (19 abril), el Día del Himno Nacional (25 mayo), la Batalla de Carabobo (24 de junio), Declaración de la Independencia (5 de julio), Natalicio de Simón Bolívar (24 julio), el Día Nacional de la Bandera (3 de agosto), el Día de la Resistencia Indígena (12 de octubre) y conmemoración al fallecimiento de Bolívar (17 de diciembre).
En la ley actual, vigente desde 1971, solo se hace referencia a las celebraciones de los días 19 de abril, 24 de junio, 5 de julio y 24 julio.