Tras casi tres años, finalmente se ha concretado la instalación de una oficina en Caracas de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), un paso considerado único pero que no afecta a la investigación en curso sobre crímenes de lesa humanidad.
En 2021, el gobierno de Maduro y el fiscal de la CPI, Karim Khan, firmaron un memorándum de entendimiento para avanzar en la instalación de esta sede. Khan afirmó que esta oficina en Venezuela no es secreta ni trabaja ilegalmente, y que se trata de una oficina de apoyo y acuerdo con el país.
Es importante destacar que esta oficina será de asistencia técnica para las instituciones de justicia del Estado, no estará destinada a recibir denuncias ni atender a las víctimas. La investigación sobre el caso Venezuela I continuará en La Haya.
Es la primera vez que se instala una sede de este tipo en un país. A diferencia de las oficinas instaladas en la República Centroafricana, esta oficina en Venezuela es exclusivamente de la Fiscalía, no de la Corte. Sin embargo, tanto el fiscal Khan como el gobierno venezolano no han proporcionado detalles sobre su funcionamiento, lo que ha sido objeto de críticas en el país.
Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, explica que la oficina no viene a investigar, sino a brindar capacitación técnica y asesoría en temas legislativos y mejores prácticas. Sin embargo, lamenta la falta de comunicación por parte de la Fiscalía durante su visita a Caracas, ya que no se dieron a conocer detalles sobre el proceso de la oficina.
El 27 de junio, la Sala de Cuestiones Preliminares autorizó al fiscal Karim Khan a reanudar las investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Venezuela durante las protestas de 2017. El caso Venezuela I acusa al Estado de la muerte de varias personas y de tratos crueles e inhumanos, incluyendo torturas de índole sexual.
La CPI reconoce que si bien el país ha tomado algunas medidas de investigación, considera que sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance total de la investigación.
Tanto Khan como el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, expresaron sus puntos de vista durante la reunión. Saab afirmó que el país ha tenido grandes avances en derechos humanos, y señaló que 2.795 funcionarios de seguridad del Estado han sido acusados por violaciones de derechos humanos desde 2017. De ellos, 1.021 están en prisión, 580 han sido condenados y otros 524 tienen órdenes de aprehensión.
En resumen, la instalación de la oficina de la Fiscalía de la CPI en Caracas marca un hito importante, aunque su funcionamiento y detalles aún no se han dado a conocer. Esta oficina brindará asistencia técnica a las instituciones de justicia del Estado venezolano, pero no recibirá denuncias ni atenderá a las víctimas. La investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad continúa en La Haya.