Una delegación del régimen venezolano encabezada por el canciller Yván Gil y el fiscal general Tarek William Saab, junto con otros miembros del sistema de justicia y del parlamento, ha viajado a Ginebra para presentar un informe sobre los derechos humanos en el país ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, la actuación de esta comisión oficial ha sido cuestionada y ha dejado al descubierto la realidad del régimen.
En una serie de videos recopilados por Acceso a la Justicia, se puede ver la otra cara del debate. Hélene Tigroudja, una de las expertas del Comité, enfatiza que el argumento de las medidas coercitivas unilaterales no es relevante cuando se trata de discutir los derechos humanos. El Comité se centra en cuestiones como la corrupción, la tortura, las violaciones graves y sistemáticas del derecho a la vida, la criminalización de las actividades de los periodistas, defensores de derechos humanos, líderes indígenas y opositores políticos, y la militarización de la vigilancia de las reuniones pacíficas. Estos problemas no tienen nada que ver con las sanciones impuestas al régimen. No hay excusa para el irrespeto a la condición humana.
Otro miembro del Comité, José Manuel Santos, ha mostrado su sorpresa al ver al fiscal general defendiendo de forma tan contundente al gobierno de su país. Según Santos, el fiscal general debería preservar su independencia frente al gobierno. Por su parte, Carlos Gómez Martínez, el primer español en integrar el Comité, ha defendido la honorabilidad de los miembros del Comité frente a las descalificaciones de la delegación venezolana. Martínez ha solicitado la intervención de la presidencia del Comité para proteger al Comité de los ataques injustificados.
El canciller Gil, líder de esta delegación sin delicadeza ni sensatez, ha afirmado que las inhabilitaciones son parte de un discurso de la oposición para atacar la institucionalidad venezolana. Según Gil, en Venezuela nadie ha perdido el derecho a elegir o ser elegido, excepto aquellos políticos de la oposición que han sido inhabilitados por corrupción. Según él, más de 5.000 funcionarios han sido sancionados por la Contraloría.
Parece que el régimen venezolano está tratando de cambiar la narrativa y presentar una imagen distorsionada de la situación en el país. Sin embargo, los videos y testimonios demuestran lo contrario. El régimen está siendo cuestionado y su comportamiento está siendo expuesto ante la comunidad internacional. Los venezolanos han soportado esta conducta inaceptable durante dos décadas y sigue sin cesar. Es hora de que se haga justicia y se respeten los derechos humanos en Venezuela.