El empresario venezolano amplió su trama de corrupción con el uso de bancos de inversión que le permitían operar en el mercado de divisas de su país con dólares preferenciales que luego eran llevados a un sistema de blanqueo de capitales
Por Alexis Pérez – Infobae
Basta con hacer una consulta rápida de su nombre en algún motor de búsqueda para que se muestren resultados como: lavado de dinero, pago de sobornos, sanciones financieras, prófugo de la Justicia estadounidense y testaferro del dictador Nicolás Maduro. Ese es Raúl Gorrín Belisario, un empresario venezolano dueño del canal de televisión Globovisión, afín al régimen chavista, y de la compañía Seguros La Vitalicia.
Para muchos venezolanos era un completo desconocido, pero a partir del año 2013 su nombre comenzó a vincularse con figuras de la “Revolución Bolivariana”, especialmente con la llegada de Maduro al poder en mayo de ese año y tras la compra del 80% de las acciones de Globovisión que, antes de caer en sus manos, era el primer canal de noticias de señal abierta en Venezuela crítico del gobierno del fallecido Hugo Chávez y que luego se convirtió en una televisora de contenido oficialista tras el despido de periodistas que denunciaron al aire la censura impuesta por la nueva directiva.
El también abogado chavista fue sancionado por la Oficina de Control de Activos extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por haber pagado unos 159 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios venezolanos para favorecer judicialmente a personas vinculadas al narcotráfico y a la guerrilla.
Amplió su trama de corrupción con el uso de bancos de inversión que le permitían operar en el mercado de divisas de Venezuela con dólares preferenciales que luego eran llevados a un sistema de lavado de dinero. Para ello, formó alianza con el banquero venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray para adquirir una entidad financiera en República Dominicana que les permitiera mover esos fondos “sin dejar rastro”.
“Gorrín pagó sobornos para obtener acceso a la compra de bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favorable, lo que se tradujo en cientos de millones de dólares de beneficio. La conspiración implicaba dinero en efectivo a granel escondido en cajas de cartón, empresas fantasma en paraísos fiscales, cuentas bancarias suizas y transferencias bancarias internacionales presuntamente enviadas por Gorrín para comprar múltiples jets privados y yates, y para financiar una línea de moda de alta gama en el sur de Florida”, indica un comunicado del Departamento de Justicia de EEUU.
De acuerdo con la investigación, Gorrín pagó miles de millones de dólares en sobornos al ex tesorero y guardaespaldas de Hugo Chávez, Alejandro Andrade, para que con su cargo le autorizara operaciones cambiarias en favor del régimen venezolano.
En 2018 el gobierno estadounidense ordenó el embargo de todos sus bienes en territorio norteamericano que fueron adquiridos con dinero malversado, violando la Ley de Prácticas de Corrupción en el extranjero. Entre las bienes confiscados al empresario chavista destacan: 24 propiedades en Miami y Nueva York, valoradas en unos 77 millones de dólares.
Pero si el pago de más de 1.000 millones de dólares en sobornos parecía una cifra alarmante, para Gorrín significaba libertad para sus negocios ilícitos. España, por ejemplo, lo imputó por el desfalco de más de 600 millones de euros en contratos fraudulentos con la estatal petrolera venezolana, PDVSA, que se blanquearon desde Madrid.
A pesar de los vínculos con la cúpula chavista, investigaciones de medios norteamericanos como The Wall Street Journal han señalado a Gorrín de estar involucrado en planes para derrocar a Maduro, no porque realmente desee que eso ocurra sino porque le pesan las sanciones internacionales en su contra, especialmente las relacionadas con sus propiedades.
Según el informe del diario, el empresario venezolano accedió a trabajar para el gobierno norteamericano con la condición de que las sanciones en su contra sean eliminadas. De acuerdo con el citado medio, el testaferro de Maduro participó activamente en la Operación Libertad, aquella estrategia política que sorprendió a los venezolanos cuando Juan Guaidó, acompañado por el líder opositor Leopoldo López, intentaron ejecutar un alzamiento militar para sacar a Maduro del Palacio de Miraflores.
El magnate se reunió en EEUU con el entonces vicepresidente Mike Pence para ser el negociador principal entre Washington y Caracas para lograr una transición en Venezuela.
El plan se basaba en la emisión de un decreto del Tribunal Supremo de Justicia donde se desconocería la Asamblea Nacional Constituyente designada por Maduro y se garantizaría el reconocimiento a la Asamblea Nacional electa en 2015 con Juan Guaidó a la cabeza como presidente encargado de Venezuela, otorgándole la autoridad militar para actuar contra Maduro.
“Gorrín jugó un papel central en un plan desafortunado a fines de abril para inducir al ministro de Defensa Vladimir Padrino López, al presidente del Tribunal Supremo Maikel Moreno y al jefe de contrainteligencia militar Iván Hernández a que presionaran la salida de señor Maduro”, indicó el diario estadounidense.
Este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ratificó las acusaciones contra Gorrín, que afronta nueve cargos de lavado de dinero. Sin embargo, el empresario venezolano se encuentra prófugo de las autoridades.