¿Quién pagará las deudas de la República y de sus empresas?

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En el ámbito político latinoamericano, se ha vuelto común la divergencia entre acreedores internacionales y sus respectivos deudores. Estas diferencias se centran en los préstamos e inversiones realizadas por instituciones financieras internacionales o bancos públicos y privados, así como en las obligaciones contractuales adquiridas por ambas partes.

Por lo general, este proceso comienza con la falta de capital local para financiar proyectos de desarrollo social, industrial o de infraestructura. En respuesta, se recurre a préstamos o a la inversión extranjera, cuyas condiciones financieras varían según la percepción de riesgo del acreedor. A cambio de su financiamiento, el acreedor recibe intereses, cuyo porcentaje depende de la percepción del riesgo de repago de acuerdo con los términos contractuales.

Esta cifra de riesgo se calcula profesionalmente y se puede consultar en fuentes como https://www.coface.es/actualidad-economica-financiera/analisis-de-riesgo-pais. Según estos datos, Venezuela presenta un alto riesgo de 39.000 puntos, mientras que Estados Unidos tiene 3,25, Argentina 2.548, Brasil 259, Uruguay 122, entre otros.

Además, existe la calificación crediticia otorgada por empresas privadas, donde la AAA es la mejor calificación y determina los préstamos con menor interés. Países como Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Noruega, Suiza, Luxemburgo, Singapur y Australia ostentan esta calificación. ¿Puede adivinar por qué?

En nuestra región es común que los países o empresas adquieran préstamos con condiciones de repago más onerosas. Cuando llega el momento de pagar, a menudo no hay recursos suficientes y es entonces cuando surge el discurso político: la deuda externa es ilegal, hambrea al pueblo, es imperialista, etc. Estos argumentos han sido y continúan siendo parte de la discusión política actual.

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En esta etapa, los acreedores privados toman las acciones que consideran necesarias, lo que a menudo resulta en costosas condenas judiciales o arbitrales. Estos casos ya no se limitan al ámbito mercantil, sino que se debaten en el terreno político. Se escuchan frases como «el Fondo Monetario Internacional nos quiere hambrear», «el BID es un poco menos malo, pero igual nos quiere hambrear», «las instancias arbitrales están vendidas» o «los tribunales extranjeros no tienen corazón y resuelven embargos y otras medidas coercitivas», entre otras.

Como resultado, en muchos casos se produce un «default» (cesación de pagos), refinanciamientos usurarios o la entrega de garantías cuya pérdida puede ser fatal para el país, como en el caso de Citgo.

En esta etapa, surge la noción de la inmunidad e inejecutabilidad de sentencias arbitrales o judiciales extranjeras en nombre de la soberanía nacional. Esta es la doctrina jurídica correcta, pero la consecuencia es que aquellos que la invocan quedan excluidos del circuito financiero internacional. Esto es evidente en los casos de Argentina, Venezuela y otros países.

En Argentina, el 51% de la empresa petrolera estatal YPF fue privatizado en 1999, pero en 2012 la entonces presidenta Kirchner decidió expropiar la parte privada sin pagar un centavo. Como resultado, el Segundo Circuito de la Corte del Distrito Sur de Nueva York acaba de condenar a la República a pagar 16 mil millones de dólares al fondo de inversiones que adquirió los derechos litigiosos de los expropiados. Esta sentencia, que aún no es definitiva, es una de las más cuantiosas pronunciadas por un tribunal estadounidense en toda la historia judicial del país. El próximo 22 de octubre habrá elecciones presidenciales en Argentina y el ganador deberá enfrentar esta situación. ¿Quién asumirá la culpa?

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Lo mismo está a punto de suceder con Citgo, el principal activo venezolano en el extranjero. Después de varios intentos fallidos, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que no extenderá la protección ejecutiva que hasta ahora cubría a la empresa. Al mismo tiempo, el juez encargado de las sentencias y laudos arbitrales ya firmes ha iniciado el proceso de subasta de Citgo para satisfacer a múltiples acreedores que llevan años sin recibir pago. Además, han aparecido nuevos acreedores que antes no habían presentado demandas judiciales.

Desde esta columna de prensa, no podemos proponer una solución definitiva. Sin embargo, el objetivo de estas líneas es destacar el sombrío panorama que la República y su principal activo externo deberán enfrentar en un futuro cercano. ¿Quién cargará con la culpa y el costo político?

En definitiva, existen dos perspectivas para abordar estos problemas: la del acreedor y la del deudor. En el mundo actual, a menos que un país quiera aislarse como Corea del Norte, la única opción es negociar. Tampoco es recomendable llegar a situaciones extremas como las retratadas en «El mercader de Venecia» de Shakespeare, donde el cruel acreedor, Shylock, estuvo dispuesto a cobrar una libra de carne del deudor, incluso sacrificando la vida de su hijo.

Este tema, de gran importancia y consecuencias cruciales, no forma parte de la discusión electoral general de cara a las próximas elecciones primarias. El populismo irresponsable de ambos lados deja este problema para que lo paguen las futuras generaciones.

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