El ex parlamentario y defensor de los derechos civiles denuncia una nueva escalada del Estado contra los derechos humanos y garantías constitucionales de los ciudadanos. En un contexto en el que 280 presos políticos se mantienen sin debido proceso y sindicalistas enfrentan detenciones sin conocer su paradero, el Estado ahora arremete contra los ciudadanos que buscan ejercer su derecho al voto y participar en primarias electorales.
Con información de La Patilla
«El Estado no se conforma con mantener a las personas en prisión injustamente, con una hiperinflación descontrolada y sueldos y pensiones miserables. Ahora, utilizando los poderes públicos, como la Asamblea Nacional y el sistema de justicia, ataca el camino electoral de los ciudadanos que aspiran a un cambio pacífico y democrático», expresó el ex parlamentario.
Enfrentamos una conducta reprochable e inhumana por parte del Estado, que ha dejado a la sociedad sin derechos y garantías constitucionales para defenderse. La Defensoría del Pueblo ha dado la espalda a las víctimas de violaciones de derechos humanos, convirtiéndose en un mero adorno.
«Estamos siendo testigos de un nuevo embate del Estado contra los derechos políticos, utilizando todo su poder para impedir que los ciudadanos se organicen de cara a las elecciones presidenciales que, constitucionalmente, deben celebrarse en 2024», afirmó el defensor de los derechos civiles.
Finalmente, el ex parlamentario exigió al Tribunal Supremo de Justicia asumir sus responsabilidades establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley orgánica del poder judicial, para que la sociedad pueda ejercer plenamente sus derechos políticos.