En un nuevo acto de represión, el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha anulado la personalidad jurídica de la Asociación Casa Ave María, una organización religiosa con 33 años de trayectoria, y ha ordenado la expropiación de sus bienes. Esta decisión fue tomada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, según se publicó en el Diario Oficial La Gaceta.
Con información de Infobae
El Ministerio de Gobernación argumenta que la ONG fue ilegalizada debido a su supuesto incumplimiento de las leyes. Alegan que la junta directiva de la asociación estaba vencida desde el 9 de septiembre de 2022 y que no presentaron los estados financieros correspondientes al período fiscal entre 2019 y 2022, lo que obstaculizaba el control y vigilancia por parte de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
En relación a la liquidación del patrimonio de la organización, el Ministerio de Gobernación señala que la Procuraduría General de la República será la encargada de transferir los bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua.
Además de la Asociación Casa Ave María, el régimen de Ortega ha ilegalizado y ordenado la expropiación de otras organizaciones católicas, como la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, dedicada a brindar ayuda a los más necesitados a través del suministro de alimentos, vestuario y oración, y la Asociación Hijas de Santa Luisa de Marillac en el Espíritu Santo, que administraba un colegio religioso.
Las tensiones entre el régimen de Ortega y la Iglesia católica han aumentado, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de relaciones diplomáticas. Incluso el papa Francisco ha calificado al régimen sandinista como una «dictadura grosera» en una entrevista con Infobae, destacando el desequilibrio en la persona que lidera el país centroamericano.
Por otro lado, Estados Unidos ha exigido la liberación del sacerdote nicaragüense Fernando Israel Zamora, canciller de la diócesis de Siuna, quien fue arrestado por la Policía Nacional después de oficiar una misa. El secretario adjunto para América Latina del Departamento de Estado, Brian Nichols, también ha pedido la excarcelación del obispo Rolando Álvarez, quien se encuentra en prisión por negarse a ser desterrado del país, y de todos los detenidos de manera arbitraria.
Nichols condenó la represión del régimen de Nicaragua contra la Iglesia y enfatizó la importancia de respetar los derechos humanos y constitucionales, incluida la libertad religiosa. Zamora se suma a la lista de siete sacerdotes detenidos por la Policía Nacional, entre ellos el obispo nicaragüense Rolando Álvarez, quien fue condenado a más de 26 años de prisión por «traición a la patria».