El reporte Relatos de Tortura, la realidad silenciosa de los militares privados de libertad, publicado este jueves 10 de diciembre por la Oficina del Comisionado para Derechos Humanos y atención a las víctimas de la presidencia interina, Humberto Prado, provee la descripción de lo que es el “tratamiento estándar” de un militar preso por presunta rebelión.
Este tratamiento incluye desaparición forzada, durante un lapso promedio de entre seis y nueve días, durante los cuales se desarrollan tácticas agresivas (incluyen abundante violencia física) de interrogatorio, para intentar obtener una confesión que incrimine a líderes políticos como Juan Guaidó, María Corina Machado o Julio Borges.
Agréguele asfixia con bolsas con insecticidas o gases lacrimógenos; desnudez forzada; aplicación de electricidad en diferentes partes del cuerpo (método conocido como “picana”); “tortura blanca” en habitaciones a bajas temperaturas, o asilamiento en “tigritos” en los que el acusado solo puede estar de pie, durante un lapso de varios días; y, finalmente, privaciòn severa de agua y alimentos.
Finalmente, el menú prosigue con la presentación ante tribunales sin presencia de abogados de la confianza del detenido, mientras el defensor de oficio que coloca el Estado continúa conminando, muchas veces con amenazas, a su defendido para que se declare culpable.
Cualquier denuncia de tortura es desechada con la frase de los jueces de que no invente falsos maltratos, o incluso con que la versión de los “terroristas” o “golpistas” no merece crédito.
Es peor, incluso, denunciar torturas en la audiencia de presentación, porque, indefectiblemente, y según señala el informe Relatos de Tortura, los jueces, que previamente han violado todos los plazos legales de presentación del detenido, lo devuelven al mismo centro de reclusión (la sede de la Dgcim en Boleíta Norte, o la cárcel de Ramo Verde, en Los Teques) y posteriormente, se repiten las torturas, por haberlas denunciado, aumentando la impunidad.
El informe Relatos de Tortura, la realidad silenciosa de los militares privados de libertad, fue presentado hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, y recoge los testimonios de familiares de 22 presos militares en relación con lo que han tenido que vivir sus seres queridos.
Aunque los casos no tienen nombres, para proteger justamente a los familiares de los detenidos (porque en varios casos, las acusaciones ante los órganos de derechos humanos han llevado a retaliaciones contra estos), hay por lo menos un caso de muerte en cautiverio; es fácil identificar, no obstante, que es el caso de Rafael Acosta Arévalo.
Otros nueve casos que había empezado a levantar la Oficina del Comisionado para Derechos Humanos y atención a las víctimas de la presidencia interina tuvieron que ser abandonados porque, justamente, según denunció Humberto Prado, los familiares de los detenidos decidieron no seguir con la denuncia para evitarles males mayores a estos.
Torturas y abandono de la tutela efectiva judicial del Estado
Daniela Suárez y Karen Vera, quienes declararon junto con Humberto Prado en la presentación del informe, este jueves, señalaron que lo que se ha abandonado en Venezuela es el principio de la tutela efectiva judicial del Estado, es decir, la garantía de debido proceso.
Aparte de las desapariciones, de las torturas denunciadas y no escuchadas por los jueces, fiscales y defensores, y de la violación de todos los lapsos procesales, la mayoría de las acusaciones, hechas mucho después de los lapsos previstos por el Estado (que son de 45 días), culminan, invariablemente, en la prisión preventiva de los detenidos, aunque, en casi todos los casos estudiados, la única “prueba” presentada por el Ministerio Público es la declaración de un solo individuo acusador.
Finalmente, la única persona acusada de los 22 casos estudiados es un funcionario de rango menor, en el caso que es, presumiblemente, el de Acosta Arévalo. Ese caso ha llevado a la detención de otras personas relacionadas con el capitán de la Armada que supuestamente desencadenaría la llamada “operación Armagedón”.
Un panorama dantesco
Señalaron las presentadoras del informe que en al menos la mitad de los casos, las torturas son tan graves que culminan con daños permanentes, como consecuencia de los golpes o de mantener a los detenidos en posiciones de estrés durante largos períodos; y en severos daños fìsicos causados por la privaciòn de alimentos y agua hasta el límite en el que el detenido apenas permanece vivo: ha habido casos de pérdida de hasta 15 kilos de peso.
Y aunque el período promedio de desapariciòn previo a la audiencia de presentación es de entre 6 y 9 dìas, ha habido casos en los que esta se prolonga por 45 dìas. En uno de los casos presentados, a las heridas físicas causadas por la tortura se les echó ácido; un detenido ha perdido casi totalmente la visión y otro, totalmente, la audición.
Humberto Prado destacó que luego de las torturas, adicionalmente, es prácticamente imposible obtener atención médica, porque los jueces no dan permiso y porque los médicos adscritos a los centros de detención sencillamente no hacen nada por los pacientes.
El informe Relatos de Tortura, la realidad silenciosa de los militares privados de libertad, puede ser descargado aquí en su versión resumida.
Este informe será enviado a la Corte Penal Internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la misión de verificación de hechos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.