Relator de la ONU alerta que en Venezuela todavía hay hambre y desnutrición

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El Relator Especial de la ONU sobre alimentación ha advertido sobre las dificultades persistentes que enfrentan las familias en Venezuela para acceder a alimentos de calidad. Estas dificultades son el resultado de problemas en la distribución de alimentos, la disminución del poder adquisitivo y el impacto de las medidas coercitivas. Según Michael Fakhri, quien ocupó el cargo de Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, los venezolanos siguen enfrentando dificultades para acceder a alimentos y continúan criticando el programa de alimentación del gobierno. Durante su visita de dos semanas a Venezuela, Fakhri destacó que las personas en todo el país siguen teniendo problemas para acceder a suficientes alimentos saludables debido a sus bajos ingresos o a la falta de disponibilidad de alimentos en sus comunidades.

El Relator Especial señaló que la inseguridad alimentaria en Venezuela está estrechamente relacionada con la crisis económica y recordó que la hiperinflación y la dolarización informal de la economía están debilitando aún más el poder adquisitivo de los hogares. Según sus declaraciones, casi el 82% de los venezolanos viven en la pobreza en términos de ingresos y el 53% se encuentra en situación de pobreza extrema, lo que significa que no tienen suficientes ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos. La situación también se ve agravada por el alto precio del combustible y la falta de electricidad y agua potable.

Fakhri hizo hincapié en que el hambre no tiene afiliación política y es un problema de derechos humanos. Además, afirmó que las familias venezolanas se ven obligadas a tomar medidas negativas para hacer frente a la situación, como reducir el tamaño de las porciones de comida, saltarse comidas o comprar alimentos poco nutritivos.

El Relator Especial también expresó preocupación por la situación de los niños en Venezuela, quienes se enfrentan a la separación familiar, el trabajo infantil, la explotación sexual, la violencia física y el abuso como mecanismos de supervivencia. Según Fakhri, los niños a menudo solo van a la escuela cuando se les proporciona comida.

En cuanto al programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que es un sistema de distribución de alimentos creado por el gobierno en 2016, Fakhri señaló que ha recibido críticas por la falta de coherencia en la entrega de alimentos, la frecuencia del suministro en áreas remotas y la falta de valor nutricional y calidad de los alimentos. También se ha informado que se niega la entrega de bolsas del CLAP a personas consideradas críticas o que expresan opiniones políticas alternativas.

Aunque reconoció que el CLAP tenía buenas intenciones como ayuda humanitaria temporal, el Relator Especial afirmó que se ha vuelto susceptible al clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela, ni cumple con las normas internacionales sobre el derecho a la alimentación.

Fakhri instó al gobierno venezolano a desarrollar un plan de acción urgente para garantizar el derecho a la alimentación. También llamó a los Estados relevantes a revisar y levantar las medidas coercitivas que han tenido un impacto negativo en el suministro de ayuda humanitaria y han impedido que las instituciones financieras internacionales proporcionen financiamiento.

En conclusión, las dificultades para acceder a alimentos de calidad persisten en Venezuela debido a problemas de distribución, la disminución del poder adquisitivo y el impacto de medidas coercitivas. El programa de alimentación gubernamental ha sido objeto de críticas y se ha señalado que no aborda adecuadamente las necesidades alimentarias de la población. La inseguridad alimentaria en el país está estrechamente relacionada con la crisis económica y ha llevado a altos niveles de pobreza y desnutrición. El Relator Especial de la ONU sobre alimentación ha instado al gobierno venezolano a tomar medidas urgentes para abordar esta situación y ha pedido a los Estados pertinentes que revisen y levanten las medidas coercitivas que afectan el suministro de ayuda humanitaria.