El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, ha comenzado una visita a Venezuela con el objetivo de evaluar diversos aspectos relacionados con este derecho en el país. Durante su estancia, Fakhri evaluará la resiliencia del sistema alimentario, el acceso a los alimentos en los centros de detención y la seguridad alimentaria de los niños, niñas, adolescentes y otros grupos vulnerables. Además, también se analizará el impacto de las sanciones internacionales sobre la seguridad alimentaria en Venezuela.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, ha asegurado que se llevará a cabo una agenda intensa de trabajo para mostrar los esfuerzos del gobierno de Nicolás Maduro en materia alimentaria y cómo han logrado superar las medidas coercitivas impuestas por la comunidad internacional.
Es importante mencionar que en 2021, la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, argumentó que las sanciones han dificultado la importación de alimentos, lo que ha llevado a la población a depender de programas sociales o a migrar del país. Sin embargo, activistas insisten en que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela desde al menos 2015 precede a las sanciones.
Durante su visita, Fakhri se reunirá con funcionarios del gobierno, el poder judicial, instituciones independientes, agricultores y otros actores de la sociedad civil. Además de Caracas, también visitará los estados de Zulia y Sucre.
En los últimos años, organizaciones de la sociedad civil han alertado sobre el deterioro institucional, la corrupción y las políticas públicas del Estado, incluyendo los excesivos controles de precios que se implementaron en el pasado. Estos factores han provocado importantes violaciones al derecho a la alimentación y altos niveles de desnutrición en la población venezolana.
Según el informe más reciente de Hum Venezuela, una plataforma conformada por 90 organizaciones de la sociedad civil que monitorean los impactos de la crisis, en 2023 el 91,6% de los hogares venezolanos tuvo que recurrir a estrategias de supervivencia para alimentarse, como reducir el presupuesto o aumentar la carga laboral. Además, se estima que 1,4 millones de niños y niñas en Venezuela sufren algún grado de desnutrición o están en riesgo de padecerlo.
La falta de recursos económicos para adquirir alimentos es la principal causa de la inaccesibilidad alimentaria para la mayoría de la población venezolana en los últimos años, según el informe.
Recientemente, el presidente Nicolás Maduro anunció un ajuste del «bono de guerra» que reciben los empleados públicos, pero no se mencionó un aumento en el salario mínimo, el cual sigue siendo de 130 bolívares mensuales, equivalente a casi 5 dólares según la tasa oficial. El bono de guerra, que se empezó a pagar a principios del año pasado, se ajustó a 60 dólares mensuales, mientras que el bono de alimentación se mantiene en 40 dólares.
Según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la remuneración promedio en el sector comercio y servicios del Área Metropolitana de Caracas fue de 202 dólares mensuales en el último trimestre del año pasado. Sin embargo, adquirir la canasta alimentaria familiar supera los 396 dólares.