Rocío San Miguel, reconocida activista de Derechos Humanos, ha recibido la primera visita de un familiar después de haber sido detenida en el Aeropuerto de Maiquetía y recluida en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Nueve días después de su detención, su hija, Miranda Díaz San Miguel, tuvo la oportunidad de visitarla.
Durante la visita, Miranda pudo constatar que su madre se encuentra fortalecida y confiada en su inocencia, afirmando que no existe evidencia que la implique en los delitos que se le imputan. Sin embargo, Rocío sigue luchando por su derecho a nombrar a su propia defensa técnica, una solicitud que hasta ahora se le ha negado.
Rocío San Miguel, quien es presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, fue detenida junto a varios miembros de su familia, incluyendo a su hija y su exesposo, Alejandro González. A ambos se les acusa de traición a la patria, terrorismo y asociación. Por su parte, González también enfrenta cargos por revelación de secretos políticos y militares relacionados con la seguridad nacional. Según el Ministerio Público, ambos están vinculados con la Operación Brazalete Blanco, un supuesto plan para atentar contra Nicolás Maduro y varios de sus funcionarios.
Se espera que el 22 de febrero se lleve a cabo una nueva audiencia en la que se permita la participación de los abogados elegidos libremente por los detenidos. Sin embargo, el abogado Joel García ha alertado que los lapsos para ejercer el recurso de apelación y solicitar diligencias de investigación se están agotando. Además, denuncia que obstaculizan el nombramiento y juramentación de la defensa técnica, dejando a los imputados en total indefensión.
La detención de Rocío San Miguel ha generado preocupación y condena por parte de numerosas organizaciones. La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional son algunas de las organizaciones que han manifestado su preocupación y han exigido al gobierno de Venezuela que respete los derechos de la activista.
En respuesta a estas críticas, el gobierno venezolano ha anunciado la suspensión de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Caracas.