Brasil se encuentra en una situación económica complicada, sin vislumbrar una solución clara. Por un lado, el gobierno continúa gastando sin control, como lo demuestra el reciente informe del Ministerio de Economía.
En el primer semestre de 2023, los gastos del gobierno federal aumentaron en 84.700 millones de reales (16.800 millones de dólares) en comparación con el mismo periodo del año anterior, un incremento del 6,6% por encima de la inflación.
Por otro lado, se están recortando los gastos sociales, a pesar de ser esenciales en un país como Brasil con altos niveles de desigualdad, y a pesar de ser una prioridad en la campaña electoral de Lula.
Las reformas anunciadas en los últimos meses no parecen tener un impacto significativo. La reforma tributaria, que es fundamental para aumentar los ingresos del Estado, está estancada en el Senado. Según el diario O Estado de São Paulo, las negociaciones se llevan a cabo a puerta cerrada, sin transparencia, lo que muestra que la discusión ha llegado a un punto crítico.
El texto final no se presentará en el Senado hasta el 20 de octubre. Mientras tanto, los ingresos fiscales federales continúan disminuyendo. En agosto, cayeron por tercer mes consecutivo en comparación con el mismo mes del año anterior, lo cual ha encendido las alarmas en el Ministerio de Economía.
El ministro Fernando Haddad sigue afirmando que Brasil reducirá el déficit a cero en 2024, pero tanto los economistas como algunos miembros del gobierno tienen dudas al respecto. La ministra de Planificación, Simone Tebet, considera más creíble un objetivo de déficit del 0,5% del PIB, mientras que el mercado espera un déficit del 0,75% del PIB para el próximo año, según los informes del Banco Central.
Además de los problemas económicos, también existen contradicciones en el ámbito político. En la reciente reforma fiscal aprobada por la Cámara de Diputados, se incluyó sorprendentemente a las bicicletas en la categoría de «impuesto sobre el pecado», que grava los productos perjudiciales para la salud o el medio ambiente. Esto podría afectar a los fabricantes de bicicletas que compiten con los producidos en la Zona Franca de Manaos. Por otro lado, la inversión extranjera directa en el país ha disminuido, lo cual es preocupante. En agosto, registró su peor cifra desde 2020, con una caída del 57,4% en comparación con el mismo mes del año anterior. Esto indica que Brasil está perdiendo atractivo para las inversiones a largo plazo.
La situación también afecta a las políticas sociales. A pesar de que Lula ha destacado la desigualdad como el mayor desafío del mundo, su gobierno ha estado distribuyendo dinero sin control a los parlamentarios para asegurar su apoyo político, a través de las llamadas enmiendas parlamentarias.
Hasta ahora, se han distribuido 24.200 millones de reales (4.800 millones de dólares), un gasto récord que ha obligado al gobierno a recortar recursos destinados a programas sociales. Este año, se han recortado los subsidios al gas, que ayudan a las familias más pobres a comprar gas de cocina, así como los fondos destinados a la educación primaria y superior, que son fundamentales para reducir las desigualdades sociales en Brasil.
Es probable que los recortes sean aún más drásticos en 2024, debido a las elecciones municipales, ya que los fondos son codiciados por alcaldes y partidos con fines electorales. Hasta ahora, los municipios han invertido principalmente en personal, como forma de recompensar a sus votantes y ampliar su base electoral.
Desde 2022, el gasto en salarios municipales ha aumentado en el 84% de las ciudades del país. Además, el gobierno de Lula ha asignado una cantidad récord de 376.400 millones de reales (75.000 millones de dólares) a los municipios para el próximo año. También se espera un aumento en el gasto en publicidad gubernamental.
En cuanto al programa social más importante del gobierno de Lula, el Bolsa Familia, se ha confirmado un subsidio de 600 reales por familia. Sin embargo, el Banco Mundial ha propuesto un modelo diferente, en el que se pagaría un subsidio por persona. Según el Banco Mundial, esto reduciría el porcentaje de familias pobres al 25,7% y la pobreza infantil al 41,2%, con un costo limitado de 129.500 millones de reales (25.700 millones de dólares).
En cambio, el programa actual del Bolsa Familia mantiene el umbral de pobreza en alrededor del 25,9% y la pobreza infantil en alrededor del 42,3%, con un costo mucho mayor de 140.700 millones de reales (27.900 millones de dólares). A pesar de las críticas, el ministro de Desarrollo Social ha declarado que no habrá cambios en el programa.
En resumen, Brasil se encuentra en una situación económica complicada, con un gobierno que continúa gastando sin control y recortando los gastos sociales. Las reformas anunciadas no han tenido el impacto esperado y existen contradicciones en el ámbito político. Además, la inversión extranjera directa ha disminuido y las políticas sociales también están siendo afectadas.