Altos funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo de Estados Unidos no podrán poseer acciones en empresas individuales y fideicomisos ciegos si se aprueba el proyecto de ley presentado por los senadores Kirsten Gillibrand y Josh Hawley.
Por El Político
Gillibrand, demócrata por Nueva York, y Josh Hawley, republicano por Missouri, anunciaron este miércoles el proyecto de Ley de Prohibición de Comercio de Acciones para Funcionarios del Gobierno. El objetivo es «impulsar la transparencia en la gestión pública y evitar que los miembros del Congreso obtengan beneficios personales al comercializar acciones».
Este es el último esfuerzo bipartidista para legislar sobre este tema que ha sido objeto de debate en los últimos ciclos del Congreso. De aprobarse la medida, la prohibición también incluye a los cónyuges y familiares dependientes de los funcionarios públicos.
La argumentación de los impulsores de la medida es que estos funcionarios «manejan información privilegiada por lo que estarían usando el poder que les da su cargo para beneficiarse con la compra y venta de acciones».
A través de un comunicado, Gillibrand justificó la propuesta:
“Es fundamental que el pueblo estadounidense sepa que sus líderes electos están poniendo al público en primer lugar, no buscando formas de llenarse los bolsillos”.
Contexto
Tras las investigaciones realizadas por The New York Times y The Wall Street Journal que revelaron la cantidad de legisladores que comerciaban con acciones relacionadas con los comités reguladores en los que participaban, se intensificaron los esfuerzos por legislar sobre esta materia.
Este año se ha presentado alrededor de una docena de proyectos de ley, similares al presentado por los senadores Gillibrand y Hawley, para modificar las reglas gubernamentales existentes para el comercio de acciones en Washington.
Castigos en caso de incumplimiento
El proyecto contempla sanciones para las personas que incumplan la norma establecida. Entre ellas se encuentran:
- Los miembros del Congreso que violen esta prohibición deberán pagar al menos el 10 por ciento de las inversiones prohibidas.
- Los miembros del Poder Ejecutivo que infrinjan la norma deberán entregar las ganancias de los intereses financieros cubiertos al Departamento del Tesoro.
- También se establece una multa del Asesor Especial Automático para los miembros del poder ejecutivo.