La aplicación de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos en Venezuela ha contribuido a la crisis económica, según un informe publicado recientemente por el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense. El informe destaca que el expresidente republicano Donald Trump amplió las restricciones más allá de las impuestas desde 2005 contra personas y entidades vinculadas a presuntos delitos, antidemocracia y corrupción.
Estas sanciones no lograron derrocar a Maduro, pero sí han contribuido a una crisis económica que ha llevado a la huida de 7,7 millones de venezolanos. El gobierno de Joe Biden ha intentado aliviar las sanciones para incentivar a Maduro a permitir elecciones presidenciales libres y justas en 2024. Sin embargo, el informe señala que el chavismo no ha mostrado intención de permitir que María Corina Machado, ganadora de las primarias de la oposición en octubre pasado, se postule.
En octubre de 2023, Estados Unidos flexibilizó parcialmente las sanciones energéticas contra Venezuela hasta abril de 2024, como respuesta al acuerdo de Barbados firmado entre el chavismo y la oposición para establecer un plan de elecciones competitivas. Sin embargo, advirtieron que podrían revocar las licencias si Maduro no permitía la participación de todos los candidatos y si no liberaba a ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos injustamente detenidos.
En respuesta a la presión, el régimen socialista anunció que los opositores inhabilitados para ejercer cargos públicos podrían apelar ante el Tribunal Supremo de Justicia, conformado por jueces cercanos al chavismo. María Corina Machado apeló, pero aún no se ha emitido una decisión. Además, en diciembre, Maduro liberó a 20 presos políticos, incluidos 10 estadounidenses y Leonard Francis, un fugitivo estadounidense implicado en un escándalo de soborno naval. A su vez, Estados Unidos liberó al empresario colombiano Alex Saab, un aliado de Maduro acusado de lavado de dinero.
Este intercambio forma parte de una negociación más amplia que implica el alivio de las sanciones y tiene implicaciones significativas para las relaciones diplomáticas y el tratamiento de las personas detenidas. El informe destaca que el Congreso de Estados Unidos está monitoreando de cerca los avances del gobierno de Maduro en el cumplimiento del acuerdo de Barbados.
El informe también menciona las restricciones de visa y las sanciones relacionadas con el terrorismo, el tráfico de drogas, las acciones antidemocráticas, las violaciones de los derechos humanos y la corrupción. Desde 2019, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros ha emitido y modificado licencias para permitir ciertas transacciones, en un intento del gobierno de Joe Biden de fomentar elecciones libres y justas en Venezuela.
Por ejemplo, se permitió a la empresa energética Chevron discutir operaciones futuras con Petróleos de Venezuela. También se autorizaron transacciones temporales relacionadas con el sector de petróleo y gas, acuerdos con Minerven para frenar el comercio ilícito de oro y se levantaron prohibiciones al comercio de bonos y acciones de la estatal petrolera venezolana.
Estas licencias pueden promover los intereses energéticos y de seguridad de Estados Unidos, así como impulsar la economía de Venezuela y reducir la inmigración. Sin embargo, aún está por verse si la administración de Joe Biden extenderá estos permisos más allá de abril de 2024, ya que algunos expertos dudan de que el gobierno de Nicolás Maduro permita unas elecciones mínimamente competitivas en Venezuela.