La Policía española detuvo a siete personas en las localidades de Granada y Almería (sur) y desarticuló una organización criminal dedicada a regularizar a mujeres extranjeras simulando casos de violencia de género.
La banda pagaba hasta mil euros (1.100 dólares) a hombres dispuestos a asumir condenas por maltrato.
Según informó el cuerpo de seguridad, la operación Casamenteros permitió detener hasta el momento en diferentes municipios costeros a cuatro mujeres y tres hombres acusados de denuncia falsa, simulación de delito, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.
Los siete detenidos están vinculados a una red que simulaba episodios de violencia de género para conseguir permisos de residencia para las mujeres que se hacían pasar por víctimas.
La organización se encargaba de buscar tanto a posibles benefactoras como a potenciales agresores, siempre entre marroquíes en situación irregular.
La investigación, desarrollada por varias brigadas policiales, comenzó cuando un hombre denunció que le habían prometido 3.000 euros por una falsa agresión física en público y no había cobrado esa cuantía.
Por esa simulación, el hombre había sido condenado por vía penal en un juicio rápido.
La investigación de esa denuncia permitió llegar hasta la organización criminal, que cobraba a las falsas víctimas de violencia de género entre 4.000 y 6.000 euros (4.400-6.600 dólares).
Pagos de hasta 1.000 euros
La organización también captaba a los hombres, que recibían entre 500 y 1.000 euros (550-1.100 dólares) y tenían que asumir una condena judicial como autores de violencia de género contra su supuesta pareja, después de protagonizar una agresión física en un espacio público.
Durante la investigación se llevaron a cabo dos registros domiciliarios, en los que los agentes intervinieron dinero en efectivo, documentos y resguardos de envío de dinero a Marruecos.
Al menos diez mujeres extranjeras obtuvieron fraudulentamente un permiso de residencia legal después de juicios rápidos que las convertían en víctimas de violencia machista, aunque ahora quedarán sin validez.
Los siete detenidos fueron puestos a disposición judicial y, de momento, se les ha prohibido salir de España.
EFE