Un grupo de senadores estadounidenses, entre ellos Jim Risch, miembro destacado del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ha enviado una carta al presidente Joe Biden solicitando que se responsabilice al ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, por actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos.
Los senadores destacan los esfuerzos bipartidistas del Congreso de los Estados Unidos para fortalecer las relaciones bilaterales con Ecuador y afirman que ha habido avances significativos desde 2017 en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el crecimiento económico. En este contexto, consideran que es necesario reforzar estas medidas responsabilizando a Rafael Correa por su participación en actos de corrupción y violaciones de derechos humanos reconocidas internacionalmente en Ecuador.
Para lograr esto, los senadores solicitan a Biden que utilice la Proclamación Presidencial 7750 y la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado para imponer sanciones a Correa. Estos instrumentos restringen los viajes internacionales y prohíben la entrada a los Estados Unidos, tanto como inmigrantes como no inmigrantes, de personas que hayan cometido actos de corrupción en el ejercicio de funciones públicas. También sugieren que se considere la ineligibilidad de visas para los implicados en estos actos y sus familiares directos.
En la carta, los senadores recuerdan a Biden que el 7 de abril de 2020, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador condenó a Correa a ocho años de prisión en el caso de corrupción conocido como Sobornos, 2012-2016. Según el tribunal, Correa era el líder de una estructura criminal que incluía a su vicepresidente y a otros altos funcionarios gubernamentales y empresariales. Los senadores también mencionan que Correa y sus aliados aceptaron millones de dólares en pagos ilícitos a cambio de otorgar contratos gubernamentales en Ecuador, incluyendo contratos en la petrolera estatal Petroecuador.
En septiembre de 2022, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador compartió con el gobierno de Estados Unidos un informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador que revelaba detalles de un esquema de corrupción internacional durante el gobierno de Correa, involucrando a la petrolera estatal china y a la compañía de gas PetroChina. Este informe también es mencionado en la carta dirigida a Biden.
Los senadores también hacen referencia al caso Balda de 2018, en el cual Correa fue acusado de ordenar el secuestro de un líder de la oposición.
Además, los senadores afirman que Correa tiene un historial de violación de derechos humanos reconocidos internacionalmente durante su mandato. Citan a Freedom House, que ha señalado que Correa atacó la independencia judicial, la libertad de prensa y otras libertades civiles. También mencionan un informe del Departamento de Estado de 2015 sobre los derechos humanos en Ecuador, en el cual se concluyó que Correa sancionó y censuró a medios y periodistas independientes, cerró organizaciones de la sociedad civil y restringió las libertades de prensa, expresión y reunión.
A pesar de la condena, las investigaciones y la solicitud de extradición presentada por Ecuador, Correa sigue viajando libremente entre Europa y América Latina, incluso para reunirse con funcionarios del régimen sancionado de Venezuela, critican los senadores.
Ante esta solicitud, Rafael Correa insinuó en sus redes sociales que la acción de los senadores está impulsada por Guillermo Lasso, actual presidente de Ecuador, quien recientemente visitó los Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas y llevar a cabo otras actividades oficiales.