Luisa Ortega Díaz abandonó Colombia en octubre de 2021 para pedir protección en España en medio de una investigación que se le sigue en EEUU
El comisario Iván Simonovis, quien fungió como comisionado de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó, entregó el jueves 27 de enero en la embajada de España en Washington un documento en el que explica de las acciones llevadas a cabo por la exfiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, mientras estuvo al frente del Ministerio Público hasta 2017, cuando salió del país y se refugió en Colombia.
En un video colgado en Twitter, Simonovis refiere que en ese documento se detallan «las actividades criminales y la persecución» de Ortega Díaz; así como también incluyen información y «antecedentes criminales» sobre su esposo, el exdiputado oficialista Germán Ferrer.
Junto a esta información, también fue entregada a la legación de España en EEUU de «algunos otros delincuentes» que se ocultan en la nación ibérica. En ese sentido, considera que la justicia de ese país va a valorar la información consignada.
«Seguiremos trabajando en la identificación y búsqueda de todas estas personas que cometieron delitos en Venezuela; bien sea delitos contra el patrimonio público o delitos por la violación de los DDHH», sentenció Simonovis.
Hay que recordar que Luisa Ortega Díaz estuvo en Colombia hasta octubre de 2019 cuando se conoció que abandonó ese país para dirigirse a España, donde pidió protección internacional al gobierno de Pedro Sánchez. Sus «funciones» en el cargo que decía desempeñar desde fuera de Venezuela «cesaron» el 31 de diciembre de 2021.
Actualmente, fiscales en EEUU están tomando «medidas adicionales» que son clave en una investigación que se adelanta contra un «alto funcionario» venezolano implicado en un caso de soborno, que sería la exfiscal general Luisa Ortega Díaz.
En abril de 2022, un reportaje de Associated Press señalaba que la entonces fiscal en el exilio estaría implicada en un caso de supuesta corrupción en el que estaría vinculado el empresario Carlos Urbano Fermín, quien se declaró esta semana culpable de haber pagado $1 millón en sobornos a «un fiscal de alto rango» en el país como «seguro» contra cualquier investigación que se hiciera en detrimento de su compañía por los contratos con Pdvsa.