El capitán Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio de 2019 y días después apareció en el juzgado con signos de tortura, según su abogado
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con ponencia del presidente del Poder Judicial, Maikel Moreno, decretó este viernes 9 de octubre la nulidad de la acusación hecha por el Ministerio Público contra los ciudadanos Ascanio Antonio Tarascio Mejía y Estiben José Zarate Soto, señalados como los presuntos responsables por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo.
De acuerdo a una nota de prensa del TSJ, se declaró procedente el avocamiento (una técnica de derecho administrativo utilizada en la organización de la administración pública donde un órgano jerárquicamente superior es quien decide avocar el conocimiento de uno o varios asuntos, «quitándoselo» al órgano titular e inferior, pero sin llegar a ejercer la competencia) en la causa contra los acusados y la de los actos procesales que siguieron a la acusación de estas dos personas.
También se ordena reponer la causa a la fase en la que el Ministerio Público debe presentar -dentro de los próximos 30 días- un nuevo acto conclusivo » con prescindencia de los vicios observados», ya que considera que en el proceso judicial se registraron actuaciones que atentan contra el derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, y a los derechos de la víctima del delito.
El caso pasa a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y que de allí se distribuya a un Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control para que siga el caso, así como se instruye al fiscal general designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, designar a un nuevo fiscal para que siga llevando el juicio.
Lo ocurrido con el caso del capitán Acosta Arévalo sucede un día después de que el Tribunal 29 en funciones de juicio del Área Metropolitana de Caracas decretara la nulidad absoluta del acto conclusivo de acusación interpuesto por el Ministerio Público en el caso del deceso del concejal Fernando Albán, por una supuesta violación a un artículo de la Constitución, lo que dejaría en libertad a los dos funcionarios del Sebin acusados por su muerte, bajo el presunto delito de «quebrantamiento de obligaciones de custodia».
Rafael Acosta Arévalo fue detenido en buenas condiciones físicas el 21 de junio de 2019 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por su supuesta vinculación con el fallido alzamiento militar del 30 de abril de 2019. Su abogado, Alonso Medina Roa, indicó que cuando llegó al juzgado el 29 de junio, ya presentaba evidentes signos de tortura y murió unas horas después en el Hospital Militar.
Varias horas después de haber fallecido el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, el régimen de Nicolás Maduro emitió un comunicado donde solicita al fiscal nombrado por la impuesta constituyente, Tarek William Saab, que investigue las causas que provocaron la muerte del militar quien estaba detenido en la Dirección de Contra Inteligencia Militar.
Medina Roa indicó ese mismo 29 de junio que dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fueron detenidos por ser los presuntos autores de las torturas por las que murió el capitán Acosta Arévalo. Entonces cuestionaba que a los presuntos homicidas solo se les califique por el delito de homicidio y se ignore las penas contra la tortura.
Posteriormente, el letrado afirmó que el oficial de la Fuerza Armada Nacional murió siendo inocente de lo que se le acusaba «porque nunca hubo un juicio, nunca se demostró nada”.
Lo ocurrido con el capitán Acosta Arévalo levantó las alarmas en la comunidad internacional y en la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, quien el 1° de julio de 2019 dijo estar conmocionada por «la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo, y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte. Recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida, y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad» y lamentó entonces que los cargos de tortura no se incluyeran.
El cadáver del capitán Rafael Ramón Acosta Arévalo, de 50 años de edad, presentó al menos 38 lesiones en su cuerpo, de las cuales 30 fueron por la parte frontal y ocho en la parte posterior, según el acta post mortem realizada por la División de Investigaciones de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y publicada por el periodista Eligio Rojas, a través de Twitter, el 4 de julio de 2019.
Tras 11 días de su fallecimiento, fue enterrado el 10 de julio en un ataúd sellado. Contra la voluntad de los familiares, el cuerpo fue inhumado en el Cementerio del Este, en lo que fue un procedimiento rápido al que los medios de comunicación tampoco pudieron acceder porque funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se apostaron en la entrada del camposanto para evitar el paso al lugar.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar del Gobierno de Venezuela (Dgcim), acción adoptada por la muerte de Rafael Acosta Arévalo mientras estaba en custodia de este cuerpo de seguridad.
El general Manuel Cristopher Figuera, exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), rechazó las condiciones en las que se realizó el entierro del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo,y culpó a Nicolás Maduro por la muerte del capitán, con la cual se quiso enviar un mensaje de advertencia a todas las personas a toda la disidencia.
Christopher Figuera aseveró que Maduro es quien da la orden de torturar a militares que son acusados de conspiración. En este sentido, detalló que dentro de los organismos de seguridad «hay personas que le tributan a Maduro para casos específicos» y también que hacen contrainteligencia y están al pendiente de lo que hacen los jefes.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional publicó en septiembre de 2020 en un nuevo informe sobre los más recientes hallazgos sobre la muerte del capitán de corbeta, que ponen en duda la versión oficial de los hechos «y demuestran la mortífera política de represión del gobierno de Nicolás Maduro para silenciar a la disidencia».
«Contrario a lo que muestra la investigación penal por parte de la justicia venezolana, Rafael Acosta Arévalo no falleció en un hospital. Fue desaparecido, torturado y murió ante un juez. Sobre estos hechos no se ha hecho justicia», dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Este 8 de octubre, justo cuando se cumplían dos años de la muerte del concejal Fernando Albán, el tribunal que lleva el caso declaró la nulidad de la acusación contra los miembros del Sebin implicados en la muerte del político de Primero Justicia, por lo que el juicio inicia de cero. Es más, su abogado sospecha no solo que quedaron en libertad sino que nunca estuvieron detenidos.