Sindicatos y gremios lamentan que la continuación de un difícil panorama laboral en el sector público con sueldos bajos, pérdida de la carrera de servicio en la administración pública y la necesidad de migrar a la informalidad u otro medio que genere ingresos para cubrir sus necesidades básicas dejen una huella profunda que puede superar 50% de la renuncia o abandono de cargos en Lara. Un vacío que priva a las instituciones del Estado de personal capacitado y compromete su operatividad.
Guiomar López | LA PRENSA DE LARA
Consideran que desde hace 4 años se agrava la situación porque es muy difícil sobrevivir con el sueldo base de Bs. 130, que no supera el equivalente a $6. Julio Marín, presidente del Sindicato de Empleados Públicos de Lara (Sepeel), señala que la región tenía más de 35 mil trabajadores y apenas pueden llegar a 17 mil en la actualidad. «Lo más triste es ver casos de personas con 25 años de carrera administrativa y ni siquiera se motivan a reclamar sus prestaciones», una vida de trabajo perdida.
Además, reitera su preocupación porque no se respete la debida preparación para sustituir a ese valioso personal. «De allí el descontento general que suele terminar en deficientes servicios públicos». Expresó que el atrevimiento de incorporar a grupos de «Chamba juvenil» y hasta jubilados fracasa, porque también abandonan el cargo por el desgaste y sin la merecida remuneración.
Robert Sánchez, secretario general de Sepeel, se refiere a una realidad que se respira en el ambiente de protesta que ha sido continuo desde el 09 de enero de 2023, como iniciativa de los docentes y que sigue sumando voluntades. «El personal fue despojado hasta de sus aportes a la caja de ahorros, cuando se tienen casi dos años sin caja de ahorros». Manifestó que los trabajadores se debaten entre su vocación y la necesidad de su familia, resultando muy difícil continuar en un puesto de trabajo que no da ni para los gastos del pasaje en transporte público.
Califica que «los auxilios» del Estado tienen una base de $2, pero no benefician a todos los trabajadores y son asignados por el sistema Patria, que nadie controla. «Mientras tanto, la tabla lineal de salario sigue desestimando la preparación de muchos», precisa molesto.
Desde el sindicato de trabajadores de salud de los Seguros Sociales, Alberto Domínguez recuerda ocho años atrás cuando empieza el tambalear el IVSS por el éxodo. «Nosotros siempre realizamos trabajos diagnósticos y sabemos que 60% de los cargos fueron abandonados a nivel administrativo e igual porcentaje para personal obrero». Por eso las deficiencias en laboratorios, rayos X, ambulancias y otros.
En educación, Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores de Lara, precisa que el 40% del personal abandonó su puesto de trabajo y se ha incrementado con las instituciones educativas que están en una especie de paro técnico. «Estamos subsidiando al Estado y nos quedamos sin protección». Eso les motiva a seguir en su lucha en las calles.
Orlando Chirinos, presidente de la Federación de Trabajadores del Cemento (Fetracemento), estima que en la industria cementera al menos 40% de los cargos fueron abandonados, siendo una escalada nacional que se ha sentido en 9.600 trabajadores de las nueve plantas. «No hay condiciones salariales y en Lara sigue en ese bajón de nómina de 620 trabajadores, en alrededor de 400 en la actualidad», se queja y recuerda las denuncias por casos de jubilación forzosa, además de la caída en producción en 80%.
Los reclamos se resumen en necesidad, sin terminar en resignación.