La ONG SOS Orinoco ha denunciado recientemente el crecimiento de las minas ilegales en el Parque Nacional Yapacana durante las últimas dos décadas, con la aprobación del gobierno chavista y organismos militares. Según la organización, las fuerzas militares permitieron que estas minas se expandieran sin hacer nada por detenerlas o desmantelarlas. Esta situación también se está dando en otros lugares del sur de Venezuela, como Alto Orinoco, PN Canaima, La Paragua, Caura, Imataca e Icabarú.
SOS Orinoco ha destacado la importancia de poner fin a la minería ilegal, pero también ha enfatizado la necesidad de garantizar los derechos humanos de los mineros y respetar las leyes ambientales durante las operaciones militares. La organización ha dejado claro que la violencia, los incendios y los abusos contra los derechos humanos y ambientales no tienen cabida en la lucha contra la minería ilegal.
Si bien la ONG apoya el desalojo de los mineros ilegales en Yapacana, no cree que las fuerzas armadas estén preparadas para llevar a cabo una operación tan compleja, especialmente en una región invadida por la guerrilla colombiana. Según la organización, la guerrilla se mezcla con los mineros y la población asociada a la minería, lo que dificulta su distinción. Además, la presencia de la guerrilla en territorio venezolano es un fenómeno que comenzó durante el gobierno de Hugo Chávez.
La ONG ha señalado que, para acabar con la minería ilegal en Yapacana y otros territorios, es necesario llevar a cabo una planificación y organización adecuadas. Esto implica cortar el suministro de combustible y mercurio hacia los puntos de suministro dentro del parque, así como asignar fondos de estímulo económico a los mineros ilegales originales del estado Amazonas, con el fin de garantizar su subsistencia durante un tiempo limitado a cambio de que se establezcan en poblados lejanos al parque nacional.
Además, SOS Orinoco ha instado al Estado a establecer un programa de empleo local relacionado con los planes de recuperación ambiental de los graves daños dentro del parque nacional. Esto incluiría la recomposición de la topografía, la destrucción de las pistas legales, el desmantelamiento, la recolección, la clasificación, el transporte y el reciclaje del material de los campamentos desalojados. La organización sugiere que estos programas sean administrados por autoridades civiles, mientras que las fuerzas militares se limiten a garantizar la seguridad territorial y de las personas.
Finalmente, SOS Orinoco ha recordado que cuenta con el apoyo internacional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-ONU), que tiene experiencia en desmantelar situaciones de minería ilegal y ha tenido éxito en países africanos.