La organización SOS Orinoco ha instado al gobierno nacional a establecer una fecha para llevar a cabo una visita técnica de la UNESCO al Parque Nacional de Canaima, que ha sido reconocido como patrimonio mundial desde 1994.
La visita técnica tiene como objetivo evaluar el estado actual del parque nacional. Aunque inicialmente estaba programada para septiembre de 2022, fue cancelada.
«Ya estamos a mediados de agosto y aún no se ha establecido una fecha. Hace un mes, el borrador del documento que la UNESCO aprobará en la reunión anual del Comité de Patrimonio Mundial en Riad (Arabia Saudita), que se celebrará en septiembre, menciona que están esperando para establecer la fecha y solicita (al gobierno de Venezuela) que se fije urgentemente la fecha de esa misión», dijo Cristina Burelli, fundadora de la organización, a DW.
Burelli destacó que Canaima es el área natural más biodiversa del mundo y es conocida por el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo, y el tepuy Roraima, una impresionante montaña.
Sin embargo, Canaima se encuentra amenazada. «Es un crimen pensar que más de 1.500 hectáreas del parque están siendo utilizadas para la minería. Esto no se ha detenido, sino que está en aumento», agregó Burelli.
«Lamentablemente, esta Cumbre Amazónica no ha tenido ningún resultado para Venezuela porque el régimen está directamente involucrado en la minería y deforestación que los países preocupados por la Amazonía están tratando de evitar», señaló.
Burelli destacó que el Arco Minero, un decreto de 2016 que abrió la puerta a la minería en casi 112.000 kilómetros cuadrados, es un claro ejemplo de la situación.
«Hemos descubierto que esta política minera no se limita geográficamente al Arco Minero, sino que se aplica a toda el área del sur de Venezuela, incluso a áreas protegidas. Esa es la gravedad del asunto. Se está cometiendo un ecocidio en la Amazonía venezolana», afirmó.
SOS Orinoco advirtió que la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá están destinando grandes sumas de dinero para proteger y preservar la Amazonía, mientras que el Estado venezolano ampara y promueve la minería ilegal.
«Estamos diciendo que no deberían darle el dinero al Estado venezolano, sino a la sociedad civil, que sí puede utilizarlo para proyectos sostenibles que sean alternativos a la minería», concluyó Burelli.