Tamara Sujú, una reconocida abogada y activista de derechos humanos, ha rechazado rotundamente la orden de aprehensión emitida en su contra por el Ministerio Público. Según esta orden, Sujú estaría presuntamente vinculada a un plan para atentar contra la vida de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y el gobernador del Táchira, Freddy Bernal.
Sujú expresó su indignación ante estas acusaciones en su cuenta de Twitter, afirmando que el fiscal general del régimen chavista, Tarek Wiliam Saab, la acusa de traición a la patria y terrorismo por su supuesta colaboración en un «show nuevo» y por denunciar la desaparición de Anyelo Heredia, quien finalmente fue encontrado bajo la custodia de las autoridades. Sujú denunció que el fiscal continúa criminalizando el trabajo de los abogados y defensores de derechos humanos, lo cual contribuye a la sensación de indefensión en el país.
La abogada también criticó duramente a Saab, calificándolo de «patético» y acusándolo de ser el defensor de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la tiranía. Estas declaraciones reflejan la profunda preocupación de Sujú por la falta de justicia y el deterioro de los derechos humanos en Venezuela.
Además de Sujú, otras personas han sido objeto de órdenes de aprehensión por parte del Ministerio Público. Entre ellas se encuentran la periodista Sebastiana Barráez, así como Wender Villalobos, Norbey Marín, Mario Carratú Molina y José Colina, militares retirados. Según Saab, todos ellos están siendo investigados por traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa contra el presidente y el gobernador del Táchira, terrorismo y asociación.
Saab también reveló que la detención de Anyelo Heredia condujo al descubrimiento de un plan para atacar una brigada de infantería del Ejército Bolivariano y atentar contra la vida de Freddy Bernal. Según el fiscal, los detenidos han delatado a sus cómplices y se ha descubierto que operaban en Bogotá en colaboración con la DEA y los servicios de inteligencia de Colombia.
Estas detenciones y acusaciones han generado preocupación en la sociedad venezolana, especialmente entre aquellos que defienden los derechos humanos y luchan por la justicia. La situación evidencia la necesidad de proteger y apoyar a los defensores de derechos humanos en el país, así como de buscar soluciones pacíficas y democráticas para superar la crisis política y social que atraviesa Venezuela.