El fiscal general, Tarek William Saab, ha acusado a Rocío San Miguel, una defensora de los derechos humanos, de estar involucrada en un supuesto plan de desestabilización en el país, actuando como una presunta «espía». Durante una conferencia de prensa, Saab afirmó que San Miguel utilizaba sus relaciones con miembros de las Fuerzas Armadas para planificar acciones en contra de la soberanía nacional. Además, se le atribuye a San Miguel el papel de coordinar la parte mediática de la conspiración, conocida como «Brazalete Blanco», según el régimen venezolano.
El viernes 9 de febrero, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar detuvieron a San Miguel en el aeropuerto de Maiquetía, junto con cinco familiares: su hija, su ex esposo, dos hermanos y su padre. El régimen socialista la acusa de estar vinculada a una supuesta conspiración que involucraba el «asesinato» de Nicolás Maduro, y se le imputan cargos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
Este incidente ha generado una gran controversia y ha llevado a un debate sobre la libertad de expresión y los derechos humanos en el país. La acusación contra San Miguel ha sido cuestionada por organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos, quienes ven esto como un intento de silenciar a aquellos que critican al régimen.