El fiscal general de la república, Tarek William Saab, ha solicitado una investigación sobre las acusaciones dirigidas a la activista trans Michelle Artiles. Según informes de X, Saab ha designado al fiscal 98 Nacional en derechos humanos para seguir de cerca las denuncias de abuso sexual y psicológico presentadas por presuntas víctimas de Artiles.
La controversia se desató en las redes sociales cuando comenzaron a surgir testimonios de personas que afirmaban haber sufrido abusos por parte de la activista. Las primeras denuncias se hicieron públicas el 16 y 17 de agosto, y provienen de mujeres que aseguran ser víctimas de abusos sexuales y psicológicos por parte de Artiles. Estas acusaciones parecen estar relacionadas con un patrón de comportamiento que se ha mantenido durante varios años, e incluso hay personas que han mencionado situaciones de robo y estafa.
Uno de los testimonios más impactantes es el de la madre de una de las víctimas, Dayana Guerra, quien habló sin revelar la identidad de su hija. «Cuando aún eras varón y estudiabas psicología, abusaste de mi hija», dijo Guerra. Ella también mencionó que su hija presentó una denuncia en la escuela de la universidad, pero el padre-director decidió que estaba exagerando. Además, relató cómo Artiles se burlaba de ellos y amenazaba a su hija frente a su grupo de amigos. «Después te convertiste en Michelle, y deseé que en tu nueva faceta de mujer nadie te hiciera sentir lo mal que se siente una mujer en esas circunstancias», agregó Guerra.
Otro testimonio impactante proviene de una usuaria identificada como Merry Cherry, quien afirma haber sido abusada por Artiles en 2021. Este testimonio también menciona el uso de drogas y alcohol por parte de Artiles para coaccionar a sus presuntas víctimas. «Yo también fui víctima de Michelle Artiles. Crecí y estudié con ella desde la escuela primaria. Le tenía confianza y, aún así, fui víctima de sus engaños y manipulación», declaró Merry Cherry.
La orden de investigación emitida por el fiscal general es un paso importante para esclarecer las acusaciones y garantizar que se haga justicia en caso de que se encuentren pruebas sustanciales. La gravedad de las denuncias exige una respuesta adecuada por parte de las autoridades competentes.