Durante la jornada se presentaron diferencias entre las distintas organizaciones de trabajadores públicos, sobre si debían movilizarse hacia otro lugar o mantener la concentración en el Ministerio Público, como estaba acordado. Como resultado, una porción de la manifestación se disipó
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Brian Contreras y Ronald Uribe / TalCual
«Onapre, ladrona, nos robaste sin pistola» fue la consigna que marcó la jornada de protestas de trabajadores del sector público en Caracas, que en esta ocasión tuvo como objetivo una visita al Ministerio Público (MP) para consignar un documento en rechazo de las cuatro sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que desestiman recursos de nulidad contra el instructivo emanado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) bajo el argumento de que dicho instrumento administrativo es «inexistente».
La concentración inició a las 10:00 am y convocó a distintas organizaciones sindicales, gremios y federaciones en representación de los trabajadores de la administración pública. Un grupo considerable de manifestantes y activistas políticos se ocuparon la Avenida Universidad de Caracas, frente a la sede del Ministerio Público.
En el lugar, exigieron la presencia del fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, para recordarle que su deber como principal representante del Poder Ciudadano es defender a la población que está siendo oprimida por las instituciones del chavismo.
El secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Gregorio Alfonso, destacó que el Poder Ciudadano debe encargarse de poner al derecho la institucionalidad y la justicia.
«Estamos exigiendo que llamen al fiscal general Tarek William Saab. Aquí lo estamos esperando para hacer un planteamiento. Le pedimos que defienda a los ciudadanos que están siendo víctimas del Tribunal Supremo. El TSJ dice que no existe el instructivo, pero sí existe. Lo que no existe es la justicia y la institucionalidad», manifestó.
Alfonso, quien ha sido uno de los voceros más activos en representación de los profesores universitarios —especialmente perjudicados por la aplicación del instructivo de la Onapre— acotó que el movimiento de trabajadores públicos se mantendrá unido para tocar todas las puertas institucionales posibles, ahora que el TSJ les dio la espalda y los condenó con multas para los demandantes que simplemente exigían sus derechos.
Recordó que aún existen poderes públicos a los cuales acudir, que se agregarán a la agenda de protestas que se realizarán en las próximas semanas para exigir la derogación del instructivo. Durante la manifestación se anunció que el jueves 15 de septiembre se efectuará una movilización hacia el TSJ.
«Tocaremos todas las puertas de los poderes públicos. Hay dos a los que vamos a ir. Vamos al TSJ, no con una demanda de nulidad, sino con una movilización para reclamar como ciudadanos. El otro poder público al que vamos a ir es a la Asamblea Nacional. Ellos reconocieron la existencia del instructivo en un debate. En consecuencia, tienen que actuar», recalcó.
De igual manera, José Patines, secretario general del Sindicato de la Cancillería, manifestó que vienen a exigir justicia respecto al caso del TSJ «que lo que hace es proteger a los violadores de DDHH». Expresó que son «millones de trabajadores» los que son víctimas del instructivo Onapre y del memorando 2792.
Dijo que en el caso de la Cancillería, fue presentado por el ministro Jorge Arreaza y la jefa de Recursos Humanos. Reiteró que desde 2018 que se está aplicando estos mecanismos, quitándole los beneficios a los trabajadores y congelando los beneficios. «La justicia tiene que ser para el trabajador».
Por su parte, el manifestante identificado como José Antonio Morales, protestó con algunos carapachos de pollo y patas de gallina diciendo que con el sueldo actual de Bs 130 es la única proteína que pueden comer, ya que además del tema de la pulverización del salario con el instructivo, la devaluación del bolívar impide que puedan tener una mejor calidad de vida.
Como lo prometieron, representantes del Partido Comunista de Venezuela se sumaron a la protesta. Pedro Eusse, Secretario para el Movimiento Obrero y Sindical de esa organización política, propuso hacer una nueva movilización al TSJ para rechazar su decisión y decir al mundo que «el Poder Judicial está arrodillado de manera vergonzosa ante el Ejecutivo nacional».
Trabajadores públicos en desacuerdo
Una de las principales características del movimiento laboral en estos meses de protesta constante ha sido la unidad. Por primera vez en mucho tiempo, un sector amplio y heterogéneo de la sociedad civil se puso de acuerdo pese a sus diferencias para manifestar contra el Gobierno.
Es así como la presión escaló a tal punto, que las autoridades han cedido en algunas demandas puntuales como el pago completo del bono vacacional para el sector educativo, que el Ejecutivo pretendía depositar de manera fraccionada, dejándolo a merced de la devaluación del bolívar y la inflación.
En esta ocasión, sin embargo, se presentaron algunas diferencias entre las distintas organizaciones que asistieron. Dirigentes de distintos grupos se debatieron sobre si movilizarse o mantener la concentración frente al Ministerio Público, como originalmente se planteó.
Un grupo planteó que, tras hacer la denuncia ante el Ministerio Público, se movilizaran hacia la Asamblea Nacional para llevar su consigna al Legislativo, tal y como adelantaba Alfonso al alegar que el Parlamento reconoció la existencia del instructivo y por lo tanto tenía la obligación de emitir alguna respuesta.
En contraste, otras organizaciones descartaron esta posibilidad y recalcaron que era necesario mantener el acuerdo inicial de únicamente concentrarse frente al Ministerio Público, especialmente por temor a la represión a la que los tiene acostumbrados el gobierno de Maduro a través de los cuerpos de seguridad del Estado. Así lo explicó Naucela Gudiño, vocera del Colegio de Enfermería de Caracas.
«Nos reunimos el sábado varios representantes sindicales y gremiales para establecer un acuerdo con el comité organizador. La convocatoria indicaba que se trataba de una concentración, no de una marcha. No vamos a ir a un lugar que no se acordó a arriesgarnos a cualquier cosa. No es que no estemos con la unidad, sino que esos no fueron los acuerdos», subrayó.
Un grupo reducido de manifestantes se quedaron frente al Ministerio Público mientras que la mayor parte de la concentración se movilizó a lo largo de la avenida
El personal del sector de salud que acompañó a la manifestación, así como algunas agrupaciones de activistas políticos e incluso toldas políticas como el Partido Comunista de Venezuela (PCV) optaron por quedarse frente a la Fiscalía.
Por otra parte, la mayor parte de la concentración se movilizó, pero solo hasta la esquina El Chorro, a pocas cuadras de la Asamblea Nacional, donde se desplegó un piquete policial de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). La intención de los manifestantes, lejos de confrontar, era «marchar hasta donde se pudiera».
En este grupo que se movilizó participaron representantes de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (Fetraesuv), la Federación Venezolana de Maestros (FVM), entre otros.
Eduardo Sánchez, presidente de Fetraesuv, tomó la palabra frente al piquete policial para recordar que en nueve días marcharán desde la Esquina Salas hacia la sede del Tribunal Supremo de Justicia, recorriendo la Avenida Baralt.
«Si la presidencia del TSJ y los magistrados se van a esconder tras las faldas de la mentira de que esa vaina (el instructivo) no existe, van a tener que restituir el Estado de Derecho. Vamos a ir para allá a exigir que cumplan con su deber», exclamó.
Por su parte, Elsa Castillo, dirigente de la FVM reclamó sobre la presencia de los cuerpos policiales que detenían su paso y de efectivos militares en las adyacencias. Recalcó que para el Gobierno es un problema que los sindicalistas exijan sus derechos y que prefieren enviarlos a la cárcel.
«Yo acepto que nos pongan a la policía (PNB) porque ellos son preventivos, pero la Guardia Nacional son palabras mayores. Cuando los mandan, la situación es represiva. Yo creo que los líderes sindicales no deben estar presos, pero en este país hay quienes piensan que para callarle la boca a la gente, hay que meterla presa», lamentó.
Además, dirigió sus críticas a la ministra de Educación, Yelitze Santaella y opinó que la protesta debía agendarse para el 16 de septiembre, día de inicio de clases, para manifestar contra la funcionaria.
«La marcha debía ser el 16 de septiembre, el día oficial de inicio de clases. Nos debíamos encontrar allá con la señora Yelitze. ¡Vamos a bailar samba, Yelitze! Nosotros tocamos la samba, porque no tocamos al son que tú nos pongas», propuso.