Un enfrentamiento entre un grupo de mineros ilegales y miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela dejó un trágico saldo de tres muertos y seis heridos, incluyendo a tres militares. El incidente ocurrió durante un operativo para desmantelar un campamento clandestino en la Amazonia venezolana.
El ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, informó que el enfrentamiento se produjo en el sector Cacique del parque nacional Cerro Yapacana, una extensa zona limítrofe con Colombia y Brasil. Según el ministro, al momento de abordar el campamento y pedir a los presentes que se retiraran pacíficamente, un grupo de mineros atacó sorpresivamente a los funcionarios con armas de fuego y blancas, lo que provocó las muertes y las lesiones.
El operativo, que contó con la participación de 400 efectivos militares, tenía como objetivo detener los daños ambientales causados por la minería ilegal en el estado de Amazonas. Durante la operación, se desmantelaron más de 500 estructuras clandestinas utilizadas para apoyar la actividad minera.
En los últimos meses, el gobierno de Nicolás Maduro ha intensificado los esfuerzos para controlar la minería ilegal en el país. Desde el 1 de agosto, se han evacuado alrededor de 12,000 mineros ilegales de áreas protegidas. Hasta ahora, no se habían reportado incidentes violentos en los operativos anteriores.
La minería ilegal en el sur de Venezuela, especialmente en los estados de Amazonas y Bolívar, ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Esta actividad se ha convertido en una fuente de ingresos para las comunidades locales y ha atraído a miles de desempleados de todo el país. Sin embargo, también ha dado lugar a la proliferación de bandas criminales dedicadas al contrabando de oro.
El gobierno de Maduro ha buscado desarrollar el sector minero como una alternativa a la industria petrolera en crisis. Desde 2016, ha firmado acuerdos con empresas extranjeras para desarrollar el «Arco Minero» del Orinoco, un proyecto estatal de extracción de minerales como oro, diamantes y coltán.
A pesar de los esfuerzos del gobierno, persisten las denuncias de irregularidades en los operativos de desalojo de los mineros ilegales. Organizaciones humanitarias han reportado casos de «desapariciones forzadas» y falta de claridad sobre el destino de las personas desplazadas. Además, se ha denunciado la complicidad entre algunos militares y grupos irregulares en la comisión de abusos en la zona.
La situación en la Amazonia venezolana sigue siendo preocupante, ya que la minería ilegal continúa afectando el medio ambiente y generando conflictos violentos. Es necesario que las autoridades tomen medidas más efectivas para controlar esta actividad ilícita y proteger tanto a las comunidades locales como al ecosistema.