Un tribunal en Estados Unidos ha aprobado las reclamaciones de 17 acreedores vinculados a Venezuela, incluyendo a ConocoPhillips, Rusoro Mining y Koch Industries, por un total de 20.800 millones de dólares. Estas reclamaciones están relacionadas con una subasta de acciones de la empresa matriz de la refinería petrolera Citgo Petroleum. La lista de reclamantes se ha reducido de los 24.000 millones de dólares originales y excluye laudos arbitrales y fallos judiciales que no cumplieron con los requisitos del tribunal a tiempo.
Los acreedores han acudido en gran número a un tribunal en Delaware para presentar sus reclamaciones, que superan el valor de Citgo, estimado entre 11.000 y 13.000 millones de dólares. Citgo es una refinería con sede en Houston que opera una extensa red de refinación y abastece a minoristas independientes.
Las ofertas por las acciones de Citgo ya han comenzado y habrá una segunda ronda de ofertas más adelante en el año. Sin embargo, la decisión final sobre los ganadores tomará meses y requerirá la aprobación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ha protegido a Citgo de los acreedores desde 2019.
Hasta el momento, no se han anunciado acuerdos entre la junta de supervisión de Citgo y los acreedores, que incluyen a ConocoPhillips, Crystallex Corp y tenedores de bonos. Crystallex, que presentó el caso originalmente, es uno de los reclamantes con prioridad en los pagos, junto con Tidewater, O-I Glass y Huntington Ingalls.
La subasta de Citgo podría convertirse en una de las ventas judiciales más grandes en la historia de Estados Unidos. La empresa ha sido objeto de disputas legales y enfrenta una feroz oposición tanto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como de la oposición venezolana. Maduro ha calificado la acción judicial como un robo, mientras que la oposición ha llevado el caso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos argumentando que Citgo no es responsable de las deudas de Venezuela.
La posible pérdida de Citgo también sería un revés para Estados Unidos, que ha buscado mejorar las relaciones con Venezuela para fomentar elecciones justas en el país. En el pasado, se ha propuesto transferir todas las reclamaciones a una comisión de conciliación dependiente del Departamento de Justicia para lograr una distribución justa de las compensaciones, pero esta idea no ha ganado fuerza en el Congreso.
La Cancillería de Venezuela ha calificado la participación de más acreedores en la subasta como una nueva agresión contra los activos de la nación. La junta de supervisión de Citgo también ha rechazado las decisiones del tribunal, argumentando que el proceso de venta no es adecuado para resolver todas las reclamaciones y podría generar desigualdad entre los acreedores.
Aunque las grandes refinerías de petróleo en Estados Unidos, incluyendo Marathon Petroleum, han mostrado poco interés en participar en la subasta, un banco de inversión ha sido contratado para valorar las acciones y llevar a cabo el proceso de comercialización. La valoración y el proceso de licitación se mantendrán en gran medida confidenciales.