El Tribunal Supremo de Justicia Legítimo condenó las acciones del chavismo contra los seis dirigentes sindicales, sentenciándolos a 16 años de prisión. A través de un comunicado, el organismo expresó que estas medidas son totalmente injustas y van en contra de la labor de los acusados, quienes han defendido los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores.
El Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela condena de manera enérgica la injusta sentencia de prisión impuesta a los trabajadores y dirigentes sindicales Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín. Esta condena a 16 años de prisión es el resultado de su valiente y legítima lucha por defender los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores venezolanos.
El Tribunal denunció ante la opinión pública y la comunidad internacional la grave situación a la que se exponen los venezolanos y señaló que muchos son objeto de acoso, persecución y amedrentamiento por parte del régimen, que busca silenciarlos. Además, afirmó que los trabajadores y dirigentes sindicales han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos fundamentales, describiendo detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles e inhumanos, además de la aplicación de la teoría del «derecho penal del enemigo».
Para el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, estas acciones muestran un intento de criminalizar la disidencia y perseguir a quienes se atreven a alzar la voz a favor de los derechos laborales y sociales. Por ello, el organismo pidió respeto y reconocimiento para la clase trabajadora por su contribución al país, y destacó el desempeño de las organizaciones sindicales en la búsqueda de mejores condiciones.
No obstante, el régimen ha respondido con una arremetida brutal y desproporcionada, condenando a estos ciudadanos a penas mayores que las impuestas por delitos de mayor gravedad. Es imperativo que se respeten los derechos de los trabajadores y que el Estado garantice dicho respeto.
El Tribunal Supremo de Justicia Legítimo informó tanto a la comunidad nacional e internacional como a instituciones como la OIT sobre la condena irresponsable y arbitraria que han sufrido estos trabajadores por el simple hecho de reclamar sus derechos. Asimismo, notificó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que tome acción penal contra los responsables de los hechos denunciados como delitos de competencia de dicha Corte.
Se enfatizó el compromiso del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo en la defensa de los derechos humanos, la justicia y el Estado de derecho en Venezuela, así como en trabajar por la recuperación de la democracia en el país.