¡UN CORDERO! Maduro promete a la UE eliminar puntos rojos el 6D y no usar recursos públicos en campaña

@DolarToday / Sep 3, 2020 @ 9:00 am

¡UN CORDERO! Maduro promete a la UE eliminar puntos rojos el 6D y no usar recursos públicos en campaña

En una carta enviada a la Unión Europea y las Naciones Unidas con nuevas invitaciones a participar como «observadores y acompañantes» electorales, Jorge Arreaza describe las «garantías acordadas» con la oposición para la campaña y las elecciones del 6 de diciembre

Víctor Amaya | @victoramaya / TalCual

A nombre de la administración de Nicolás Maduro, su canciller Jorge Arreaza informó en su cuenta de Twitter el miércoles 2 de septiembre que envió una carta a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Unión Europea (UE) en la cual hace la invitación a enviar observadores y acompañantes internacionales para el proceso electoral del 6 de diciembre.

Las misivas fueron dirigidas al secretario general de la ONU, António Guterres, y al Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

El documento enviado a Bruselas, obtenido por TalCual, está fechado el 1 de septiembre de 2020 y afirma que «el Estado venezolano ha convenido un marco de garantías para una participación electoral equilibrada, incluyente y democrática apegas al ordenamiento jurídico vigente».

Esas garantías acordadas, según la carta, incluyen el compromiso de que «los puntos partidistas desplegados en las calles sólo durarán hasta el cierre de la campaña electoral», retomar el uso de la tinta indeleble y establecer una comisión «concertada y equilibrada para el monitoreo del proceso, y para abordar ls impasses e inconvenientes que pudieran surgir».

Arreaza apunta en el texto que dentro de las «extensiones de las garantías» está la entrega a los participantes de elementos para verificar la elección, como los cuadernos de votación que en comicios anteriores el CNE se ha negado a entregar para su auditoría. Así ocurrió en 2013 en la elección presidencial entre Henrique Capriles y Nicolás Maduro cuya diferencia dio ganador al segundo por 1,49% de los votos, y en la cual el opositor exigió la revisión de los cuaderos como único instrumento que registra la personalización del voto.

Asimismo, el documento informa que se fijaron «una serie de auditorías previstas en todas las etapas del proceso (…) profundizándose en las referidas a los procesos de seguridad y confiabilidad del sistema automatizado de votación, en razón de la sustitución de la infraestructura tecnológica». A la fecha del escrito, el Poder Electoral no había divulgado -y sigue sin hacerlo al cierre de esta nota- información oficial ni específica sobre el sistema automatizado de votación, ni sobre el software de escrutinio, transmisión y totalización de resultados.

Además, Arreaza afirma que los medios públicos y privados transmitirán de manera equilibrada las propuestas de todo los actores políticos participantes, con «cobertura objetiva de la campaña», estableciendo que el CNE y los partidos políticos «tendrán a su disposición un servicio independiente de monitoreo de campaña» para verificar ese equilibrio.

El gobierno de Maduro también se compromete a no utilizar «recursos del Estado para actividades de corte proselitista en la campaña electoral». Ello a pesar de que en la precampaña ya se ha visto cómo sí ocurre.

Juan Carlos Delpino, rector suplente incorporado a la Junta Nacional Electoral del CNE, denunció el 17 de agosto que tanto Nicolás Maduro como el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hacen uso «extremadamente abusivo de los medios del Estado» para promover una campaña electoral extemporánea. Y otro rector suplente, Luis Fuenmayor Toro, criticó que «estas elecciones parlamentarias son una tierra de nadie en las que todo el mundo hace lo que quiere, mientras Maduro toma ventaja».

El texto firmado por Arreaza asegura que las garantías son el resultado de «un intenso proceso de diálogo». La carta está fechada el mismo día que el canciller de Turquía afirmó haber acercado posiciones entre el régimen de Maduro y un sector de la oposición venezolana que incluye a Henrique Capriles y a Stalin González, en el cual el gobernante habría aceptado condiciones electorales.

Pero Timoteo Zambrano, fundador del partido Cambiemos y uno de los integrantes de la «mesita» instalada en el país desde 2019, dijo en Twitter que «las garantías electorales dentro de las cuales está la observación de la ONU y UE, están enmarcadas en el acuerdo firmado en la Mesa de Diálogo Nacional que acordamos ante el país el 16 de septiembre de 2019. Hoy reposa la invitación en manos del secretario general de la ONU y UE».

La carta de Jorge Arreaza a Borrell y Guterres invita a los respectivos organismos multilaterales a participar como «observador y acompañante internacional», sin establecer diferencias entre una figura y la otra. «La confirmación de su participación en este proceso contribuirá favorablemente al clima de entendimiento democrático entre venezolanos y constituirá un respaldo europeo a los medios políticos, pacíficos y negociados que deben prevalecer para la resolución de las controversias existentes», termina la misiva enviada a Borrell.

El 11 de agosto, el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, emitió un comunicado en el que declinaba enviar una representación para la observación internacional para el 6 de diciembre por considerar que no existen las condiciones adecuadas para llevar a cabo los comicios.

En la misiva publicada en el portal de la Unión Europea, Borrell detallaba que la figura del acompañamiento electoral es «un concepto ajeno a la práctica de la Unión» y aclaró que para poder enviar una Misión de Observación Internacional, la UE debe tener la seguridad de que existan condiciones mínimas para que se garantice la credibilidad del proceso, su transparencia y que las mismas incluyan a todos los sectores del país, junto a «la capacidad de observar el proceso electoral sin interferencias, incluido el acceso sin obstáculos».

La observación internacional dejó de permitirse en Venezuela en 2010 cuando se implantó la figura del «acompañamiento», calificada por actores políticos y académicos como «turismo electoral». La observación exige presencia y acceso a todas las etapas del calendario electoral (que para estas elecciones parlamentarias ya está en curso), así como la emisión de informes de cierre por parte de las misiones participantes.

El documento no menciona acuerdos con respecto a la intervención de partidos políticos, sobre el sistema de adjudicación de curules ni explica las razones o metodologías que soportan el aumento inconstitucional de la cantidad de diputados a elegir.

 

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