Un juez federal de Estados Unidos ha dictaminado este miércoles que el estado de Texas debe retirar las boyas que ha colocado en el río Bravo antes del 15 de septiembre. Estas boyas fueron instaladas con el objetivo de evitar la llegada de migrantes desde México.
La decisión judicial también prohíbe al estado construir o colocar nuevas boyas en la zona. Esto se produce como respuesta a una demanda presentada por la Administración de Joe Biden contra la instalación de estas boyas por parte del gobernador republicano Greg Abbott, debido a que se han encontrado los cuerpos de al menos dos personas en la zona.
El juez David Ezra ha fallado que estas boyas obstaculizaban la libre navegación en el río Grande, violando así una ley histórica que rige las vías navegables controladas por el Gobierno federal. Según la ley, Texas debía haber obtenido permiso por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, una agencia federal.
Sin embargo, el juez ha aclarado que no se trata de una «eliminación total» de las barreras flotantes. En su lugar, ha ordenado a las autoridades estatales que las muevan a la orilla del río, en el lado estadounidense.
El argumento de autodefensa presentado por Texas ha sido considerado «poco convincente» por el juez. Abbott se negó a retirar las boyas alegando una «invasión» de inmigrantes, y declaró que Texas utilizará toda su autoridad constitucional para hacer frente a la crisis. Tras el fallo, la oficina de Abbott anunció que apelará la decisión, considerándola incorrecta y afirmando que el presidente Biden se niega a reconocer que Texas está asumiendo la responsabilidad que debería haber asumido el Gobierno federal desde el principio.
El estado de Texas comenzó a instalar las boyas a principios de julio con el objetivo de impedir la entrada de migrantes desde territorio mexicano. Ante la negativa de retirarlas, Biden demandó al Gobierno federal argumentando incumplimiento de la Ley de Uso Indebido de Ríos y Puertos.