Las relaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la jerarquía de la Iglesia católica en Nicaragua atraviesan un momento delicado.
Por BBC Mundo
El capítulo más reciente fue el arresto, el pasado viernes, del obispo Rolando Álvarez, la última voz abiertamente crítica con el gobierno del país centroamericano, que actualmente está en reclusión domiciliaria.
Según explicó en un comunicado, la Policía Nacional de Nicaragua acusa al obispo de Matagalpa, de 55 años, de “organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía de la comunidad, con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”, cargos que él niega.
Monseñor Álvarez era conocido por denunciar violaciones de derechos humanos del gobierno de Ortega, cuya deriva autoritaria ha sido objeto de críticas de instituciones y organismos internacionales en los últimos años.
Otro obispo crítico con el gobierno, Silvio Báez, se exilió en 2019 después de recibir varias amenazas de muerte.
BBC Mundo intentó recabar la opinión del gobierno nicaragüense, pero no obtuvo respuesta.
Qué ocurre en Nicaragua
Tras un primer mandato presidencial a mediados de los 80, Ortega recuperó el poder en 2007 y, desde 2017, lo acompaña como vicepresidenta su esposa, Rosario Murillo, con quien gobierna en una peculiar dupla.
El matrimonio que gobierna Nicaragua: la vicepresidenta Rosario Murillo, de 71 años, y el presidente Daniel Ortega, de 76.
Las pasadas elecciones de noviembre de 2021, que Ortega ganó con el 75% de los votos, se celebraron con siete candidatos opositores en la cárcel y denuncias de fraude por parte de organismos internacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado torturas y otras violaciones de derechos humanos de las autoridades nicaragüenses en los últimos cuatro años, así como el encierro de más de 190 presos políticos, parte de ellos en crueles condiciones.
Ortega, respaldado por los gobiernos de Cuba y Venezuela, calificó estas acusaciones de “inventos” dentro de una campaña para “darle mala fama a Nicaragua frente a organismos internacionales”.
También acusó a los obispos del país de “tomar partido”, estar comprometidos con los “golpistas” y de haber promovido la creación de “sectas satánicas”.
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